Las claves del cambio en la administración pública que plantea el Gobierno: cómo afecta a los funcionarios

Quedan algo más de seis meses para que lleguen las elecciones generales, aunque, si bien no hay fecha concreta para ellas, se calcula que sea a finales de año. Te lo contamos, básicamente, porque en ese medio año que nos quede, el Gobierno de Sánchez tiene muchas ideas y proyectos que está aprobando a contrarreloj.

Como este: el proyecto de Ley de la Función Pública, que, ahora mismo, se encuentra en tramitación parlamentaria y que, esta semana terminaba el periodo de la presentación de alegaciones. Ha habido polémica en este caso, porque el Gobierno había introducido un par de párrafos, dentro de una disposición, redactados de forma muy genérica que otorga al Gobierno la capacidad de crear una administración afín a su imagen y semejanza, como denuncian algunas asociaciones.

Vamos por partes. Esto significa que en un periodo de gracia de seis meses (los que quedan más o menos para que se celebren los comicios), el Gobierno se otorga la capacidad un planteamiento para sí mismo de, literalmente, una "sistematización de los cuerpos y escalas atendiendo al principio de especialización ordenándolos en subgrupos y pudiendo crear, modificar o suprimir los existentes".

Lo que significa, en realidad, que, durante seis meses, el Gobierno puede ascender, descender, quitar y poner funcionarios con una alegría que la Ley normalmente no le permite. Porque sí, una elección de estas categorías corresponde a las Cortes. Para muchas asociaciones, que vienen denunciando esto, lo que significa es que el Ejecutivo colonice la administración pública.

En Herrera en COPE queremos conocer todas las claves de este proyecto de ley y cómo afecta a los funcionarios públicos, por lo que hablamos con Ana de Herrán, la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda. Ella nos explicaba que este párrafo, en su opinión, "quiere pasar desapercibido, porque no se hace referencia a la exposición de motivos. Se trata de una facultad muy amplia".

"Nos preocupa mucho"

Desde el primer momento, Ana de Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, explicaba en COPE la preocupación que sienten con este proyecto, porque, no solo se ha redactado de una forma tan general que cabría cualquier posibilidad, sino que "está dentro de un paquete de medidas que venimos viendo desde el 2020 y que parece que pretende, en nuestra opinión, terminar con la administración general del Estado tal y como la conocemos" explicaba.

Nos contaba, además, que toda esta redacción y tramitación ha sido de lo más rápida, y que les ha preocupado especialmente que no les hayan dejado participar en ese proceso de "rependar la función pública" explicaba. "Ha sido todo muy rápido. El plazo para las alegaciones expiraba el 3, se amplió al 4 y, curiosamente, al aparecer nuestra opiniónen las noticias, se ha ampliado hasta el día 12" contaba.

Además, nos detallaba que han hablado con los diferentes grupos parlamentarios, aunque no han obtenido respuesta de momento. "No queremos ser malpensados, pero no creemos que sea la mejor fórmula de haber abordado esta norma. No garantiza una seguridad jurídica" apuntabala la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda.