José Antonio Zarzalejos: "La acusación contra el Fiscal General implica una corrupción ética mucho más grave que la corrupción material"

Más allá del caso Koldo o la imputación de Begoña Gómez, sigue sobre la mesa el caso del Fiscal General del Estado, que está investigado y es, con diferencia, el más amenazante de los que asedian a Sánchez. José Antonio Zarzalejos lo analiza este miércoles en el 'Sexto Sentido'. 

"En España hemos visto condenas a personajes impensables: al Gobernador del Banco de España, Mariano Rubio; al Director General de la Guardia Civil, Luis Roldán; al presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, al ministro del Interior, José Barrionuevo, pero hasta el momento no había precedente de una investigación penal contra el Fiscal General del Estado. 

Álvaro García Ortiz está encausado por presunta revelación de secretos. No se trata de un delito económico, ni está en el epígrafe de los típicos de corrupción, pero la revelación de secretos, al servicio de la pelea política del presidente del Gobierno, en este caso contra Díaz Ayuso, implica una corrupción ética que, posiblemente, de concurrir, sería mucho más grave que la corrupción material. Destruir a la Fiscalía, que ya comienza a ofrecer síntomas de putrefacción. 

Y hay que traer este caso a la actualidad inmediata porque el magistrado del Supremo que instruye el caso, Ángel Hurtado, acaba de dictar (día 16 de diciembre) una resolución en la que advierte (reconviene en realidad), a la teniente fiscal del Supremo, de la estricta confianza del fiscal general, María Ángeles Sánchez Conde, por haber solicitado, sin ton ni son, cinco veces el archivo de la causa.

Una advertencia muy oportuna. Porque lo que está ocurriendo en este asunto es verdaderamente escandaloso. ¿Sabes quién defiende al fiscal general en esta causa? La abogacía del Estado. Tal y como un sector de estos funcionarios -de los abogados del Estado- ha reclamado, García Ortiz debía valerse de un letrado particular y a su costa, porque solo si la investigación fuera sobre el ejercicio de funciones relacionadas con su cargo, procedería la asistencia del servicio jurídico de Estado. La revelación de secretos que se le imputa al fiscal, nada tiene que ver con sus funciones.

Es igualmente escandaloso que la fiscal del caso sea la numero dos de la Fiscalía General, la subordinada del propio García Ortiz, al que el nombró como cargo de confianza, que en vez de colaborar como es su obligación a la instrucción para desvelar la certeza de los hechos que se investigan, la dificulta. 

También un buen número de fiscales ha pedido que se aparte del asunto a Sánchez Conde. Lo procedente es que se hubiese asignado el caso a un fiscal sin conexión directa con García Ortiz. Lo que va a armarse en este país cuando se desencripte (si no lo está ya) el móvil del fiscal general que el magistrado Hurtado, muy diligentemente, ordenó intervenir, además de su ordenador y otros dispositivos".