José Antonio Zarzalejos recuerda que entre las causas para que dimita o sea cesado el fiscal general no está la investigación judicial

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es uno de los protagonistas de la actualidad de nuestro país. Su nombre junto con el del exministro, José Luis Ábalos, cada vez más cerca de ser imputado por el caso Koldo, y el de Yayha Sinwar, el dirigente de Hamás que ordenó los atentados del 7 de octubre en Israel, y que ha muerto a manos del Ejército israelí, aparecen en todos los medios de comunicación en papel, digitales o audiovisuales.

La imputación del fiscal general por el Supremo, un hecho histórico en la historia de nuestra democracia, ha sido motivo de análisis en el 'Sexto Sentido' de José Antonio Zarzalejos en Herrera en COPE.

La imputación del primer eslabón de la institución más jerarquizada del Estado es, sin duda, una situación insólita y sin precedentes.

"Parece complejo comprender que el Fiscal General del Estado no dimita, sorprende más que no sea cesado, sobre todo, porque el Gobierno no depende ni del Parlamento ni nada para poner otro de su cuerda. En el Estatuto del Ministerio Fiscal no se contempla una situación como la actual.  Lo que sí se contemplan son cuatro causas de cese del Fiscal General del Estado:

1.  la primera, su propia renuncia voluntaria
2. la segunda, incapacidad o enfermedad grave que le impide el ejercicio de las funciones de su cargo
3. la tercera incurrir en incompatibilidades o prohibiciones que establece el propio Estatuto
4.  la cuarta, que incurre en graves problemas en el desempeño de su cargo. Eso lo debe valorar el Gobierno, tiene que ser un incumplimiento grave y reiterado de sus funciones. 

Ninguna causa alude a que debe de cesar cuando se está sometiendo a una investigación judicial, en este caso del Tribunal Supremo. Debería estarlo, evidentemente, por una razón porque  es un cuerpo extraordinariamente jerarquizado", explica el veterano periodista.

 va a comparecer en los actos oficiales en sitio preferente

Y recalca que el fiscal general manda instrucciones, o puede hacerlo, a 2.700 fiscales y se da la circunstancia de que una subordinada suya, o un subordinado, ya veremos, tendrá que estar presente en la declaración que le tome el juez instructor de la Sala Segunda en el caso que se ha abierto. Por lo tanto, es una incongruencia. 

Y otra cosa más, importante, es que va a comparecer con la prelación (preferencia) protocolaria, muy importante, dentro de los ocho primeros cargos de las instituciones del Estado, en todos los actos institucionales. Eso, que lo haga un señor que está investigado por la Justicia, es una perversión del sistema.

No tiene el apoyo masivo de los fiscales como se vende

Zarzalejos recuerda que desde hace cinco años, los informes de la Unión Europea sobre el Estado de Derecho en España "repiten y reiteran la necesidad de modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dotar al fiscal de una mayor independencia del Gobierno. Esto viene insistiéndolo. Todavía en julio de este mismo año, el informe ha ido en el mismo sentido y eso no se ha hecho. Lo que sí se ha hecho y está en marcha, porque era excesivamente descartado, es establecer las condiciones para que no se vuelva a repetir la situación de Dolores Delgado. Es decir, que del Ministerio de Justicia, sin solución de continuidad, sea nombrada fiscal general del Estado.

 Ahora se establecerá un período de carencia de cinco años. Hay que estar cinco años fuera de los cargos políticos para poder acceder a la jefatura del Ministerio Fiscal. Pero es evidente que esta situación impulsa la idea de que es urgente el cambio del Estatuto Orgánico. 

Los dos órganos que convocó ayer el Ministerio Fiscal. La Junta de Fiscales, efectivamente formada por 35 miembros, y el Consejo Fiscal que son de naturaleza muy distinta. La Junta de Fiscales es el generalato de la carrera fiscal y, entre Dolores Delgado y el actual fiscal general, han nombrado al menos una decena. Pero ojo, es para cuestiones técnicas, primero. Y segundo, no se votó, no hubo votación. Y eso ha permitido algunas versiones que no son ciertas sobre el apoyo de los fiscales de sala.

Y el Consejo Fiscal, en el que  9 de los 12 miembros son elegidos por los fiscales, ese órgano sí se pronunció, y que tenemos clara la fotografía de lo que ocurrió, mayoritariamente le pidió que se retirara, que cesase-