Más allá de la ley de Seguridad Ciudadana: la otra cesión de Sánchez a Bildu que pasa desapercibida para sacar adelante los PGE
José Antonio Zarzalejos analiza la última concesión del Gobierno a Otegi para mantener su apoyo en el Congreso
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Este jueves en el Congreso asistimos a una nueva concesión del PSOE a Bildu. Sánchez ha pactado con Otegi una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana buscando los presupuestos.
José Antonio Zarzalejos analiza, en 'Herrera en COPE', si nos estamos perdiendo algo en este entendimiento.
"Es muy doloroso, pero hay que decir que en realidad todo está bastante claro. Bildu viene apoyando desde junio del 2018 a Pedro Sánchez porque la debilidad del PSOE y del presidente del Gobierno es, según Otegi, una oportunidad histórica y la están aprovechando.
La coalición le da sus seis votos a Sánchez, pero a cambio de dos contrapartidas. La primera es reconocerle como lo que no es, un interlocutor válido y, sobre todo, respetable. Bildu puede ser muchas cosas menos respetable. Sánchez, a ojos de determinadas audiencias, blanquea.
Lo que ayer ocurrió no es sino un blanqueamiento, nada menos que entregarle la iniciativa del Pacto para la Reforma de la Ley de Seguridad, en detrimento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra las que tanto ha luchado, incluso con las balas, la banda terrorista ETA.
La segunda contrapartida es asegurarle una política penitenciaria que en apenas unos años garantice que los presos de ETA van a ser o están siendo excarcelados. Y esos objetivos los han conseguido.
Según los datos que he extraído de Cuadernos, que es una publicación muy recomendable editada por el Memorial de Víctimas del Terrorismo y que dirige nuestro compañero Florencio Domínguez, cumplían condena hasta finales del año pasado 136 presos de ETA o colaboradores de la banda terrorista, que tanto da.
61 de ellos estaban en la cárcel Alavesa de Zaballa, 31 en Martutenes, San Sebastián, 11 en Bausauri y Vizcaya, 6 en Pamplona, 6 en Francia y 21 en régimen de prisión domiciliaria. Al acabar el año 2023, el gobierno había concedido 61 progresiones de grado, de las que sólo 15 fueron revocadas por los jueces.