La respuesta del SJM a la demolición de un asentamiento chabolista de Almería: "Realojo antes de demolición, y no al revés"

Por orden judicial, el 'Cortijo El Uno' en San Isidro de Níjar, Almería, fue derruido el pasado martes sin aportar soluciones de vivienda a los residentes que aún tenían allí su único techo. Tristeza, decepción, impotencia, desgarro. Son los posos de esta actuación, términos en los que se ha manifestado Daniel Izuzquiza, jesuita que dirige la delegación en Almería del Servicio Jesuita a Migrantes y que explica los efectos del proceso judicial que ahora ha terminado en la demolición. 

"El inicio de este procedimiento ha generado una situación de desamparo y de indefensión muy grande, porque quienes allí vivían no han tenido, o no han ejercido, la posibilidad de tener un abogado, un procurador... La información ha sido confusa e intermitente, lo que ha generado, a lo largo del procedimiento, mucho desconocimiento, mucha falta de información y, por lo tanto, mucha indefensión", ha manifestado Daniel.

En este lugar vivían entre cincuenta y sesenta personas en la actualidad, entre ellos varias familias con nueve niños, desde el año y medio de edad hasta los dieciséis. Muchos de ellos empadronados allí, algunos en situación regular, otros en proceso, trabajadores del campo. El SJM califica el último tramo del proceso de auténtica dejación de funciones por parte de las administraciones públicas: Ayuntamiento y Junta de Andalucía. 

"Los recursos que ha habido son los poquitos que las distintas entidades sociales han podido poner en marcha y, muy fundamentalmente, una vez más se demuestra que son las personas pobres y vulnerables quienes ayudan a las personas pobres y vulnerables, es decir, que la gente se ha buscado la vida con ayuda de sus vecinos, familiares o amigos que están ya en una situación de precariedad, pero que han conseguido estrecharse un poquito más para hacer un poco de espacio y atender a estas personas que quedaban en la calle", cuenta Izuzquiza.

El director del SJM en Almería contaba a COPE que el Defensor del Pueblo Andaluz ha instado al Ayuntamiento a elaborar informes de vulnerabilidad y ejercer así su responsabilidad ante estas personas, familias y niños. Se trata de "una situación de extrema vulnerabilidad donde personas incluyendo menores se quedan en la calle, y la respuesta no puede ser del individualismo feroz y atroz, de "Búsquense la vida, cada cual tiene que encontrar su solución". Tenemos, como sociedad, la obligación moral de responder comunitariamente. Y, desde el punto de vista político, las administraciones tienen el encargo y la obligación de responder con recursos ante una emergencia social como esta". 

Entre las pocas ayudas que se han ofrecido a estas personas se encuentra principalmente la Iglesia, que se personifica en nombres concretos, Irene: la Diócesis de Almería lanzó hace unos días un comunicado, previo a la demolición, denunciando otra vez esta realidad, que acompañan mediante el Secretariado de Migraciones y otras entidades eclesiales trabajando en red para apoyar la labor realizada por el SJM y otras entidades civiles.

"Nosotros pensamos que los asentamientos chabolistas y la infravivienda deben ser erradicados, pero la fórmula para lograr esa erradicación significa, en primer lugar, proporcionar vivienda, facilitar un realojo y, en segundo lugar, proceder al desalojo y demolición, no a la inversa como ha sido en este caso", denuncia Izuzquiza.

Precisamente este mes de enero se anunciaba desde la Comunidad de Jesuitas de Almería que, tras un proceso de discernimiento, han decidido trasladarse desde los barrios de la capital donde ahora residen hasta Puebloblanco, en Níjar, para estar más cerca de estas personas, hermanos y hermanas nuestros, que los necesitan con urgencia. El SJM gestiona actualmente 80 plazas residenciales en Níjar, ochenta personas que han salido de las chabolas y están mejorando su situación, formándose, avanzando en su incorporación en la sociedad.

"El sueño es tan básico como este: que podamos tener un espacio donde construir un hogar y donde desplegar las capacidades y los sueños de toda persona. La Iglesia, y concretamente el Servicio Jesuita Migrantes, está al lado de las personas para que puedan ejercer efectivamente ese derecho y también reivindicar que las autoridades cumplan su parte".