El caso Magnitsky: 230 millones de euros, un abogado muerto en prisión y una inmobiliaria de Tenerife
Pablo Muñoz revela todos los detalles de una trama que tiene ya más de 15 años y que, por el momento, sólo hay una detención en España
Madrid - Publicado el - Actualizado
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Un caso en el que se entremezclan el crimen organizado, las connivencias políticas, asesinatos. Parece una serie de televisión: El 'caso Magnitsky', como se conoce a una de las más importantes tramas de corrupción en Rusia, en la que están implicados altos responsables de la administración Putin y que también tiene ramificaciones en España, como ha explicado este lunes en La Linterna el periodista de ABC, Pablo Muñoz.
Una investigación de años liderada por la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado ha permitido embargar en nuestro país propiedades valoradas en unos 25 millones de euros que habían sido adquiridas con fondos procedentes de la red. La trama obtuvo en total 230 millones de euros que fueron sustraídos de un fondo de inversiones que operaba en Rusia controlado por el multimillonario norteamericano William Crowder.
¿Qué es el caso Magnistky y por qué se llama así?
El caso Magnitsky es como se conoce a la apropiación de 230 millones de dólares que le estafó a Crowder una mafia en Rusia que estaba en connivencia con altos funcionarios de la administración Putin, explica en La Linterna el especialista en sucesos de ABC, Pablo Muñoz. Los hechos ocurren en 2007. La Policía entró en la sede de Hermitage Capital, el fondo inversor de Browder, en Moscú, con la acusación de que una de sus filiales había tributado menos de lo establecido.
Sin embargo, la Hacienda rusa confirmó al magnate que en realidad le correspondía una devolución de impuestos de 230 millones de dólares. Nunca los cobró, porque en esa entrada y registro se sustrajo documentación de la compañía que luego utilizó una organización criminal para suplantar la identidad fiscal de ese fondo y quedarse con el dinero.
Después, lo blanquearon a través de una red internacional, con tentáculos en forma de bancos y mercantiles por medio mundo, que ha utilizado España para blanquear parte de los fondos. Es curioso, porque Rusia reconoce el delito pero solo detuvo a dos funcionarios de perfil muy bajo, mientras que los altos cargos implicados no han sufrido represalia alguna.
En cuanto a por qué se conoce a este asunto como el caso Magnitsky es porque el abogado ruso de Browder, que fue el que destapó la trama, no solo fue detenido y encarcelado en 2008, sino que un año después fue asesinado en su celda. A partir de ahí Browder ha presentado denuncias en cada uno de los países donde ha detectado que hay, o se han movido, fondos de este escándalo. Para él es una cruzada personal.
Las consecuencias del caso Magnitsky
Se ha tardado tiempo, pero la verdad es que el asunto ha tenido consecuencias de mucho calado. Magnitsky da hoy nombre a un régimen de sanciones que ataca directamente los capitales de quienes vulneran derechos humanos. Lleva en vigor desde 2012 en Estados Unidos y en diciembre de 2020 fue aprobado también por la Unión Europea. Si el nombre de un individuo entra en la lista Magnitsky, todos sus bienes en territorio comunitario, así como sus movimientos de fondos, se pueden congelar.
Además, a lo largo de la investigación se han tramitado hasta cinco Órdenes Europeas de Investigación y una Comisión Rogatoria Internacional y se ha solicitado a través de Eurojust información a 12 países que forman parte de dicha institución. De ellos, algo más de media docena -Reino Unido, Letonia, Holanda, Polonia, Suiza, Lituania y Estonia- tienen investigaciones abiertas por este asunto, aunque sin duda es España quien ha avanzado más.
Browder presentó denuncia en esos doce países, aunque en varios de ellos, como Alemania o Austria, el caso ha sido cerrado. Además, en cada uno de ellos se dan circunstancias distintas, porque en algunos solo hubo trasiego de fondos entre cuentas corrientes, como Suiza o las repúblicas bálticas, mientras que en otros, como España, se concretó el blanqueo.
Una inmobiliaria de Tenerife
La Policía ha hecho más de 40 informes que acreditan la recepción de fondos en nuestro país, con origen en cuentas y sociedades extranjeras de dinero procedente de esa trama de corrupción. La investigación en España ha detectado una red de personas físicas y jurídicas que habrían recibido parte de estos fondos fraudulentos para la adquisición de inmuebles.
Además, se han detectado personas de ascendencia rusa que han comprado mansiones de lujo con fondos provenientes de esta trama. Hasta el momento se han reconstruido 75 operaciones de adquisición de inmuebles, cuyo valor de compra asciende a esos 25 millones de euros de los que hablábamos, pero es posible que se pueda avanzar más. De hecho Anticorrupción pidió en su momento embargos cautelares para que no se pudieran vender esos bienes en tanto concluían las pesquisas, ya que se detectaron varias operaciones sospechosas.
“Para que te hagas una idea de la magnitud del asunto, en total hay un centenar de individuos investigados, que habrían recibido cantidades que oscilan entre los 50.000 euros y el medio millón”, apunta Muñoz en COPE. Ahora comenzará a citárseles para que expliquen el origen de ese dinero. Además se analizan más de mil cuentas bancarias españolas para determinar la responsabilidad penal de los implicados.
Por el momento solo hay una detención por el caso en España, y es una mujer propietaria de una inmobiliaria en Tenerife desde cuyas cuentas se movió parte del dinero, aunque está en libertad con cargos. Se han llevado a cabo además cuatro registros y en los que los agentes han obtenido abundante documentación en formato físico y digital, unos documentos que tras un primer análisis confirmarían las hipótesis de los investigadores. También se han confiscado unos 30.000 euros en efectivo y joyas y se ha solicitado el embargo de otros tres inmuebles, dos vehículos de alta gama y de 19 cuentas vinculadas con la detenida. Por eso te decía que los de los 25 millones puede quedarse corto al final.