El Tribunal Constitucional vs. la Audiencia de Sevilla: la batalla por los ERE que puede llegar a Europa y reabrir el caso

El Tribunal Constitucional (TC) se encuentra en el centro de una polémica judicial tras exonerar a la mayoría de los condenados por el caso de los ERE de Andalucía, uno de los mayores escándalos de corrupción en España.

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La polémica por el Constitucional y los ERE

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La Audiencia de Sevilla, respaldada inicialmente por el Tribunal Supremo, había impuesto condenas por malversación y prevaricación a 19 exaltos cargos de la Junta de Andalucía en 2019. Sin embargo, el TC, en una decisión dividida (7 votos a favor y 4 en contra), anuló gran parte de esas sentencias en 2024, argumentando vulneraciones a la presunción de inocencia y una incorrecta aplicación del delito de prevaricación.

 De la condena a la absolución  

El caso, que involucró el desvío de 680 millones de euros en ayudas públicas sin control entre 2000 y 2009, culminó con penas de hasta siete años y once meses para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Otros implicados, como el exconsejero José Antonio Griñán (condenado a seis años por malversación) y el expresidente Manuel Chaves (nueve años de inhabilitación), vieron sus condenas reducidas o suspendidas. Griñán, por ejemplo, evitó la prisión debido a su estado de salud.

No obstante, el TC ordenó a la Audiencia de Sevilla emitir nuevas sentencias ajustadas a derecho, lo que generó un terremoto institucional. Los magistrados sevillanos, respaldados por el Supremo, consideran que el Constitucional se extralimitó al reevaluar pruebas ya juzgadas, invadiendo competencias de los tribunales ordinarios.

 El conflicto: ¿Puede Sevilla saltar al Tribunal Europeo?  

La Audiencia de Sevilla, en un movimiento sin precedentes, plantea elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para determinar si el TC vulneró el derecho comunitario y las normas anticorrupción. El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, intentó frenar esta iniciativa, alegando riesgos para la "soberanía judicial". Sin embargo, informes internos del propio TC —encargados por Conde-Pumpido— desaconsejaron bloquear la consulta, según reveló el periodista Antonio Vega (ABC Sevilla).

"Es una batalla personal de Conde-Pumpido", señaló Vega. "Incluso los letrados del TC le advirtieron que no podía impedir a un tribunal acudir a Europa". La polémica escaló cuando el pleno del TC aplazó su decisión hasta este miércoles, dejando en vilo si avalará o no la petición de Sevilla. 

 Independencia judicial en entredicho  

Expertos como Natalia Velilla, magistrada y miembro del Consejo Editorial de Hay Derecho, subrayan que el TC no es un órgano judicial, sino un garante de la constitucionalidad. "No puede corregir al Supremo ni actuar como una tercera instancia", explicó. Si el TJUE falla a favor de Sevilla, España estaría obligada a acatar la decisión, pues el derecho europeo prima sobre el nacional.

Javier Gómez Bermúdez, exmagistrado de la Audiencia Nacional, fue más contundente: "El TC ha cometido una de las mayores injerencias en la historia. Si invade al Supremo, pone en riesgo el Estado de derecho". 

 Reescritura política del caso  

Mientras la batalla judicial continúa, los condenados han reaparecido en la esfera pública. Manuel Chaves, quien en su día calificó el caso como una "operación política del PP", fue recibido con honores en actos del PSOE. La vicepresidenta María Jesús Montero incluso elogió su gestión, reabriendo el debate sobre la impunidad.

En cualquier caso, el desenlace de este pulso judicial marcará un precedente crítico: si los tribunales españoles pueden recurrir a Europa cuando consideren vulnerados sus derechos, o si el TC puede vetar esa vía. Con los exaltos cargos en libertad y el PSOE reivindicando su inocencia, el caso de los ERE sigue siendo una herida abierta en la democracia española.