Así consiguió un policía infiltrarse en lo más profundo del independentismo: "Conciencia"

Ha pasado ya un año. En enero de 2023 se descubrió que un policía nacional destinado en la Comisaria General de Información infiltrado en los ambientes independentistas, mantuvo relaciones sexuales nada más y nada menos que con 8 activistas. Cuando todo esto salió a la luz fueron ellas las que pidieron que fuera juzgado por delitos de torturas y contra la integridad moral.

Es ahora cuando la Audiencia de Barcelona ha dado el visto bueno tanto al criterio del juez instructor como al de la propia Fiscalía. Era esta última la que no veía razón alguna para abrir dicha investigación. Pero, ¿cómo se consiguió destapar todo esto?

La intrahistoria del caso

Fue en julio de 2020 cuando, según el digital 'La Directa', el agente se presentó por primera vez en La Cinétika, un espacio ocupado y gestionado por activistas de la causa independentista de Cataluña. Parece que consiguió integrarse poco a poco, llegando incluso a "participar en movilizaciones para tratar de impedir deshaucios o incluso cortes de la Meridiana", explicaba Pablo Muñoz. A raíz de esto, las mujeres empezaron a denunciar que habían sido víctimas de "delitos de abusos sexuales continuados, tortura o contra la integridad moral, revelación de secretos y hasta de impedimento del ejercicio de derechos cívicos".

Ahora bien, ¿cómo llegó el agente a todo esto? Lo primero que hay que tener en cuenta es que tanto la Policía como la Guardia Civil "actúan para recabar información de múltiples organizaciones". Es por ello por lo que siempre se infiltran ya que "el Estado debe tener capacidad de reacción". Además, se trata de "un problema que debe resolver cada policía según su conciencia", no pudiendo haber torturas.

A pesar de que el titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona dijo que no había delito, las mujeres consiguieron llegar hasta la Audiencia de Barcelona, que terminó también por rechazarlo. Fue la entidad Irídia la que consiguió formalizar un recurso ante el Supremo. En él reclamaba que se depurasen todas las "responsabilidades políticas" y que las afectadas fuesen "reparadas".

La condenada por decapitar en Castro Urdiales a su pareja acepta su sentencia

Otro suceso que ha marcado la actualidad fue cuando en 2019 Carmen Merino entregó un paquete a una amiga, lugar donde metió la cabeza de su pareja, Jesús María Baranda. Desde el primer momento se convirtió en sospechosa, pues diversas pruebas manifestaban que "habría manipulado el móvil de la víctima para hacer creer a los familiares y amigos que este se encontraba de escapada en el Caribe", detallaba Muñoz en La Linterna.

Aunque fue condenada a 15 años de prisión, recurrió la sentencia. Ahora han pasado cinco años desde que ingresó en prisión, donde parece que ha recapacitado, pues "ha decidido cambiar y no recurrir la sentencia del Supremo ante el Constitucional". Pero, ¿con qué objetivo? Básicamente el de "empezar a solicitar permisos penitenciarios, dado que ya ha cumplido más de un tercio de la condena", aclaraba Pablo Muñoz. Esta condición parece cumplida, al igual que otras.