"Más de 150 millones de norteamericanos han votado y el resultado es tan igualado que uno de los puestos con más poder del mundo, el de la Casa Blanca, está pendiente de unos pocos miles de papeletas en un par de estados. Así que se va a pelear hasta el pitido final como ha dicho un colaborador de Donald Trump.
Estados Unidos tiene 50 estados, 6 de ellos han seguido recontando esta madrugada votos, muy lentamente, y en 4 se ha incrementado la ventaja del demócrata Joe Biden sobre Donald Trump.
Para entender cómo hemos llegado hasta aquí hay que recordar el escenario. En Estados Unidos cada uno de sus estados tiene un número de votos delegado. Al contrario de los que pasa por ejemplo en España donde hay un reparto proporcional de los escaños de una provincia, en EE.UU quien gana en un estado se lleva todos los votos delegados de ese estado (salvando las distancias, digamos que se lleva todos los “escaños”) y al final gana el candidato que consigue sumar una mayoría de 270 o más.
Si Biden ganara el estado de Pensilvania, que tiene 20 votos delegados, ganaría matemáticamente las elecciones. ¿Por qué decimos que Joe Biden está cerca de llegar a la Casa Blanca? Porque durante esta madrugada ha aumentado la ventaja en este estado clave, en Pensilvania y además sigue en cabeza en otros 3 que están todavía por decidir.
¿Por qué no se descarta a Trump? Porque la diferencia es tan estrecha que podría darse la vuelta el resultado en alguno de estos estados que quedan todavía por cerrar. Por ejemplo, en Georgia han votado casi 5 millones de personas y la diferencia entre un candidato y otro es de apenas 4000 votos.
Lo que está ralentizando el recuento es lo que llaman el voto provisional. En una papeleta cuya validez se estudia antes de contarla como voto válido, por ejemplo, si el votante no aparecía en el censo o si por ejemplo pidió el voto por correo y no le llegó. En unas elecciones normales, estos votos provisionales no serían determinantes pero ahora mismo, con la ventaja tan estrecha pueden valer su peso en oro. Esto es lo que ha pasado por ejemplo, esta madrugada en Pensilvania. El estado clave.
Aun así, Biden ya se ve como ganador y esta noche, sin hablar de victoria, ha comparecido para dejar varios mensajes apelando a la unidad. Entre ellos, uno directo para Trump. No permitirá, dice, que se paralice el recuento.
Biden habla, y Trump ha guardado silencio. Se ha limitado a retuitear todo tipo de noticias sobre fraude electoral. En una circunstancia normal, a estas alturas, estaríamos cerca de un momento clave, los que los norte americanos llaman el Presidential Concession Speech.
En una traducción directa sería algo así como "discurso de concesión presidencial". Es la intervención pública que se produce cuando, elegantemente, el perdedor de unas elecciones en los Estados Unidos reconoce la victoria de su rival en las urnas. Es más una tradición que un gesto oficial pero abre de forma inequívoca el camino hacia el traspaso de poderes en la Casa Blanca.
Muy probablemente no vamos a escuchar nada de esto en las próximas horas. No habrá Concession Speech porque, por el momento, Donald Trump no está dispuesto a hacer ninguna concesión, todo lo contrario, Trump está dispuesto a dar la batalla judicial hasta el final. Lleva ya varios días sembrando dudas sobre el recuento de los votos Y otra cosa no lo sé, pero dinero no le falta, y los republicanos aseguran que preparan un fondo de 60 millones de dólares para abrir la batalla judicial.
Y lo estamos contando, en plena pandemia del coronavirus, en plena vigencia de un estado de alarma, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsa una orden ministerial que pone en tela de juicio la libertad y el derecho de información.
Según el Gobierno se trata de un comité que, directamente desde Moncloa, vigilará las redes y los medios de comunicación para detectar campañas de desinformación y fake news, los bulos.
Es la versión oficial pero luego el protocolo articulado por Moncloa es tan ambiguo que deja demasiado margen al criterio del poder político para decidir qué es o qué no es verdad. Se puede caer en la tentación de pensar que solo es verdad lo que llega desde las fuentes oficiales y todo lo que sea criticar esa fuente oficial supone una desinformación. Llegamos a una pregunta clásica, ¿qué es la verdad? ¿A qué llamamos desinformación?
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Desinformar puede ser también decir una cosa y la contraria 24 horas después como se ha estado haciendo durante casi toda la crisis del coronavirus. Y esa cosa y la contraria procedían en ambos cosas de fuentes oficiales. O por ejemplo, ¿cuál es la verdad? Que existía un comité de expertos o que no existía un comité de expertos, porque ambas cosas se dijeron desde fuentes oficiales.
Además se ha elaborado una orden ministerial para crear este protocolo que puede afectar a derechos fundamentales. Ni siquiera se hace con el desarrollo de una ley o con un decreto, es con una norma de rango menor y además se justifica en que así lo ordena la Unión Europea cuando lo cierto es que Europa no impone que se articulen medidas de este tipo y menos que sean directamente los gobiernos quienes decidan qué es o que no es desinformación.
Lo que Europa solicita es un Plan contra la desinformación con equipos, dice textual, de verificadores de datos e investigadores independientes. Pues bien, en España los designados para ese vigilancia de los medios son el señor Iván Redondo y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, y ninguno de los dos son lo que se dice independientes, más bien dependen directamente de la presidencia del Gobierno.
Por esto es por lo que Bruselas ha vuelto a poner una lupa sobre este confuso movimiento del Gobierno de Sánchez para vigilar las informaciones, al igual que ya ha hecho con el intento de reforma del Consejo General del Poder Judicial".
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