Antonio Herraiz, sobre una posible victoria de Le Pen: "Sería un hecho inédito en Francia"

Muy buenos días. Desde las seis te venimos acompañando en 'La Mañana Fin de Semana' de COPE, en este último día del mes de junio que viene con avisos por tormentas en zonas de Aragón y del interior de Cataluña.

A esta hora abren los colegios electorales en Francia en la primera vuelta de unas elecciones legislativas que nos van a dejar una pista ya bastante clara sobre si el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, están más cerca de gobernar. Sería un hecho inédito en Francia. Por primera vez un partido de extrema derecha puede llegar al poder, lo que convierten estos comicios legislativos como los más determinantes desde 1945, tras la II Guerra Mundial.

Enseguida estamos en París para conocer las claves de estas elecciones. Ahora déjame que te hable de un Ministerio, del de igualdad, y de su presupuesto. En 2022 manejó 525 millones de euros, casi un 15% más que el ejercicio anterior. Y luego en 2023, que son los últimos presupuestos aprobados por el Ejecutivo de Sánchez, creció otro 9% más, alcanzando la cifra histórica de 573 millones de euros.

Una de las prioridades del Ministerio de Igualdad es la lucha contra la violencia machista. Es en ese objetivo máximo en el que justifican el permanente aumento de presupuesto. Pero los datos juegan en su contra. 2023 se cerró con 58 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas. Fueron nueve más que en el año anterior.

En lo que llevamos de este 2024 van 15, dato al que hay que añadir los casos de las últimas horas, que han sido especialmente negras.

Tres escenarios diferentes. En las provincias de Málaga, Granada y Cuenca. En Fuengirola, un hombre ha estrangulado a su mujer de 76 años. Tras confesar el crimen, fue de tenido. En Zafarraya, que es un pueblo de Granada, un hombre mataba presuntamente a su exnovia. Él tenía 34 años y ella 20. Con una escopeta acabó con la vida de la madre de la joven, de su ex suegra, y luego se quitó la vida. La madre se llamaba Marian, tenía 49 años, y la hija Laura.

Y hay un tercer caso que también se sigue investigando en Las Pedroñeras, en Cuenca. En este pueblo conquense la Guardia Civil se encontraba con los cuerpos descuartizados de una mujer y de sus dos hijos de 5 y 7 años. Han detenido al padre de las víctimas que tenía impuesta una orden de alejamiento.

Estos son los tres casos, las seis víctimas que deja la violencia machista en apenas 24 horas. ¿Quiénes son los únicos culpables? Los asesinos, los que cogen un cuchillo y la emprenden a cuchilladas contra la mujer o sus hijos. Los que pillan una escopeta y se lían a tiros contra sus víctimas. En el caso de Zafarraya el hombre luego se suicidó, que más de uno pensará que podía haber invertido o adelantado la acción y, al menos, esas dos mujeres seguirían vivas a esta hora. Los únicos responsables son los asesinos, los homicidas, los que atacan a esas mujeres y a sus hijos. Punto. No hay más.

Dicho esto, sí que hay que indicar, a tenor de todos estos casos y las cifras globales del pasado año, que las políticas están fallando. Desde Moncloa, desde el PSOE se limitan a señalar a Vox y a la derecha ante una supuesta negación de la violencia contra la mujer, que no deja de ser un bulo. Y cuando les interesa, pues cargan contra aquellas comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox.

En cambio, el Gobierno de España, a pesar de incrementar sistemáticamente el presupuesto del Ministerio de Igualdad, se limitan a presumir de que el dinero que destinan alcanza cotas históricas, pero omiten el fracaso de sus políticas. Y la prueba está en los datos. En 2023, 58 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas y exparejas. 9 más que el año anterior.

Que se encadenen varios casos seguidos de violencia machista en pocas horas, en diferentes lugares de España, no es algo nuevo. Ni tampoco la reacción. Lo primero es parecer que se va a hacer algo más de lo que se está haciendo hasta ahora. Por eso, la ministra de Igualdad, que para los que no lo sepan, que serán muchos, repetimos que se llama Ana Redondo, ha anunciado que va a convocar un comité especial este jueves para analizar lo que está ocurriendo. ¿Y lo siguiente qué? Pues señalar a VOX.

No estaría de más que la ministra de Igualdad, que lleva ya siete meses al frente de esta cartera, además de señalar a VOX como si fuera responsable de estos crímenes, “los discursos negacionistas matan”. No estaría de más que reconociera su propio fracaso. Y ahí están los datos. No paran de aumentar el presupuesto, y los asesinatos de hombres contra sus parejas, lejos de disminuir, se disparan.

Por lo demás, estamos a las puertas de una semana en la que la mirada va a seguir puesta en la Justicia. En concreto, en el Constitucional, que está jugando un papelón desde que Sánchez tomó su control.

Esta semana, el tribunal de garantías va a seguir analizando los recursos presentados por varios condenados por el fraude de los ERE.

Para los más jóvenes del lugar, conviene recordar los hechos. Durante más de una década, en el seno de la Junta de Andalucía en manos del PSOE se tejió un sistema clientelar en el que la corrupción lo impregnó todo. Al que daba, también al que recibía y al que se lo quedaba como buen intermediario corrupto.

Los hechos, y ahí están las diferentes sentencias de la Audiencia de Sevilla o del Supremo, están claros. Se diseñó un sistema para despilfarrar dinero público. Punto. Cerca de 700 millones de euros que tenían que ir destinados a los parados andaluces, pero que se repartieron de manera arbitraria. ¿Entre quién?

Entre los afines al aparato del PSOE andaluz. Entre los que había que pagar voluntades. Eso provocó que más de uno, como el director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, llevaran la corrupción al extremo o a la caricatura gastándose ese dinero de los parados en fiestas, putas y cocaína. Hubo decenas de intermediarios que también se llevaron la pasta, como el conseguidor de los ERE, el sindicalista de UGT, Juan Lanzas, del que su madre dijo que tenía dinero “pa asar una vaca”.

Estos son los hechos. Para que a los más jóvenes del lugar no se les olvide. Y ese sistema clientelar lo creó la Junta de Chaves y de Griñán, los dos expresidentes socialistas. Perfectamente diseñado para eludir todos los controles.

El dinero no llegó a todos los que tenía que llegar -a miles de desempleados- pero sí a quien ellos quisieron. ¿Acaso hay mayor corrupción que la compra de voluntades para influir, repetidamente en unas elecciones? Y alguno dirá, que sí, que vale, que ya está juzgado y castigado en las urnas.

Pues no, porque es ahora donde aparece el Tribunal que preside Cándido Conde Pumpido que quiere llegar con la goma para borrar todo lo que los tribunales dieron como hechos probados. Lo que está haciendo es una amnistía encubierta para los ERE. Como hecho insólito, el Constitucional ha comenzado a revocar condenas por delitos de corrupción.

Y lo hace reinterpretando los tipos penales. Es decir, este tribunal de garantías se nos presenta ahora con un nuevo papel hasta ahora desconocido. Es un órgano no jurisdiccional, lo sabemos, pero con este cambio se presenta como una especie de tribunal de casación.

Es la primera vez que lo hace y, oh casualidad, ha querido que sea con el escándalo de los ERE. Nos pusieron en la pista con la anulación de parte de la condena por prevaricación a la exministra socialista Magdalena Álvarez. Y esto abre el camino para anular las sentencias por malversación, lo que supone un salto tanto cuantitativo como cualitativo nunca antes visto.

Lo siguiente va a llegar el martes 2 de julio. El pleno del Constitucional estudiará un borrador de sentencia que propone exonerar la malversación por la que se condenó a la ex consejera de Hacienda socialista de Andalucía Carmen Martínez Aguayo.

Y así seguirá haciendo con otra media docena de condenados que han presentado recurso de amparo, como Antonio Fernández, el exconsejero que figuró en un ERE subvencionado a su antigua empresa.

En fin. Otra vez más, un ataque a la independencia judicial, a la justicia ordinaria, en una burda maniobra con la que no van a conseguir su objetivo: eliminar los hechos del mayor caso de corrupción de la historia de España.

Y a todo esto, José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por delitos de prevaricación y malversación, sin pisar la cárcel. Hace dos años, ya que el Supremo ratificó la condena.