Cuando la Justicia falla: El caso de Ahmed, juzgado por una violación que no cometió, y otros errores sonados

Tras muchos años de lucha, Ahmed Toummouhi ha visto como la Justicia le ha dado la razón y el Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que en 1992 le condenó a 24 años de cárcel por dos delitos de violación y dos faltas de lesiones. Un caso judicial que finalmente se ha aclarado y se ha resuelto, pero que no le va a devolver los años que ha pasado en prisión este hombre inocente.

La prueba de cargo, determinante en la sentencia, fue el testimonio de una de las víctimas. Aunque en una rueda de reconocimiento esa víctima dudó, finalmente señaló a Ahmed porque guarda un claro parecido físico con el verdadero autor de esa violación.

En cambio, el tribunal no tuvo en cuenta los informes periciales que analizaron una prenda de ropa interior de una de las mujeres agredidas. En esos informes, el ADN, el rastro genético hallado en una prenda íntima, no se correspondía con el de Toummouhi, pero nunca llegaron al conocimiento del tribunal.

El tribunal sentenciador de la Audiencia de Barcelona, con la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, al frente, no priorizó esos informes y no tuvo en cuenta el estudio de los peritos. De aquello han pasado 31 años y, esta semana, la sala de lo Penal del Supremo ha anulado la condena contra Ahmed. Básicamente, en la revisión contra la sentencia esta vez sí ha tenido en cuenta esos informes periciales sobre el semen encontrado en una prenda íntima de una de las mujeres agredidas.

Un cambio fundamental, como ha precisado en La Mañana de fin de semana de COPE Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. “Ha habido un error en esa comparación entre pruebas de cargo y pruebas de descargo, y se le ha dado un protagonismo muy grande a una en concreto, la diligencia de reconocimiento, que entraba en contradicción con otras y que se ha visto reforzada con el apoyo de la prueba de ADN, que ya definitivamente ha exculpado a este hombre”.

Ahmed, de origen marroquí, tenía 40 años cuando fue condenado. Se pasó 15 años entre rejas y salió de la cárcel en 2006, tras cumplir las tres cuartas partes de su pena. Una vez fuera de prisión, siguió peleando para tratar de restituir su honor y demostrar su inocencia.

Ahora tiene 71 años. El Supremo ya ha determinado que no cometió delito alguno, y que le condenaron por su gran parecido físico con Antonio García Carbonell, que con el tiempo se supo que no sólo cometió las violaciones que le atribuyeron a Ahmed.

¿Quién va a resarcir ahora a Ahmed por los años que se ha pasado en prisión? Lo primero que cabe pensar es en una indemnización económica que deberá reclamar su defensa, pero no está clara cuál sería la cantidad. “El régimen legal español no tiene previsto un sistema de indemnización concreta por este tipo de errores judiciales”, indica Emilio Cortés.

Otros casos en los que la Justicia erró en dictar sentencia

Aunque pueda parecer insólito, el caso de Ahmed no es el único en España. Uno de los casos más sonados en cuanto a errores judiciales y fallos en la investigación fue el asesinato de la joven Rocío Wanninkhof en Mijas en 1999. Un auténtico circo mediático y policial que acabó con una falsa culpable en prisión, Dolores Vázquez, que permaneció más de 500 días en la cárcel siendo inocente.

Dolores Vázquez era la ex pareja sentimental de la madre de Rocío, que en el momento de ser asesinada tenía 19 años. Un jurado popular contaminado, tanto por la presión popular como por la presión mediática, le consideró culpable sin pruebas ni indicios contundentes, tan solo conjeturas.

En realidad, el auténtico homicida fue Tony Alexander King, que no fue detenido hasta 4 años después del crimen. El ADN encontrado en las uñas de otra de las víctimas de King, Sonia Carabantes, era idéntico al de una colilla encontrada en la zona donde asesinó a Rocío.

Desde entonces, Dolores Vázquez no ha recibido ninguna indemnización ni tampoco disculpa alguna. Sin embargo, hay otro caso con menos repercusión, pero que sí que conllevó una indemnización: el caso Van der Dussen.

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Este holandés cumplió 12 años de prisión por una violación de la que no era culpable. Como en los dos casos anteriores, también un nuevo informe pericial del análisis de ADN determinó que una de las tres agresiones sexuales por las que había sido condenado no la había cometido él, sino un ciudadano británico llamado Mark Dixie. Llevó el caso al Supremo, y en el Alto Tribunal tres magistrados declararon que era inocente de una de las tres violaciones. Van Der Dussen fue indemnizado y por los 12 años que pasó de forma injusta en prisión recibió cerca de 150.000 euros.

El gaditano Rafael Ricardi también fue acusado en 1995 de una violación que no cometió. Al igual que en el caso de Ahmed, en una rueda de reconocimiento la víctima le identificó como autor de la agresión sexual. Además, debido a un error, un informe aseguró que en el cuerpo de la joven había restos de ADN de Ricardi. Pasaron 5 años hasta que un nuevo informe determinó que el semen analizado no era el de Rafael Ricardi. Él seguía en la cárcel hasta que en 2007 apareció el verdadero culpable.

En este caso, Rafael Ricardi, fue indemnizado una vez la Justicia reconoció su error. Y tras un largo camino de recursos, la compensación económica por los 13 años que pasó en prisión de forma injusta superó el millón de euros. Sin embargo, le llegó a plazos y no pudo disfrutar de la indemnización completa porque Rafael Ricardi murió a los tres años de que le empezara a llegar el dinero.

Todos estos casos es lo que el Poder Judicial, de forma eufemística, llama funcionamiento anormal de la Justicia. El resarcimiento a los inocentes que pasan años en prisión siempre es insuficiente. Debería exigirse, además de la compensación económica, una investigación que juzgue también a los que han cometido estos errores judiciales.