De Haro: "Con una clase política tan desprestigia, necesitamos más que nunca un sistema judicial que funcione"

Aquí estamos, pendientes de lo que suceda esta tarde en Murcia. Ciunonanos ha vuelto a ser Ciudadanos por unas horas y, gran concesión, ha accedido a sentarse con VOX. Y Vox, gran concesión, no ha vuelto a faltar a Ciudadanos en su cuenta de Twitter. Y mientras Ciudadanos, PP y Vox negocian a contrarreloj, ya está encima de la mesa del departamento de Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial la denuncia contra la juez María Núñez Bolaños, la juez que sustituyó a la juez Alaya en la macrocausa de los ERES en Andalucía. La juez Núñez llego a la causa de los ERES en noviembre de 2015.

El CGPJ estudia la denuncia después de que seis fiscales Anticorrupción de Sevilla señalaran a la juez por los continuos retrasos  que sufren las causas de corrupción que han desencadenado incluso la prescripción de delitos en la causa penal de los ERE, abierta en enero de 2011, y la impunidad para sus responsables. El caso ERE acumula más de 35 archivos por prescripción de los delitos. La Audiencia de Sevilla ha tumbado prematuros archivos de la instructora y anulado la exculpación masiva de ex altos cargos socialistas. En contra de lo que había venido defendiendo su predecesora, dividió en una multitud de piezas separadas, unas 270, una por cada ayuda irregular que se había concedido desde la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía.

Núñez ha archivado el presunto fraude de la formación que, inicialmente, durante la instrucción de la juez Alaya, aparentaba ser un fraude de mayores dimensiones que los ERE por el volumen de subvenciones: 3.000 millones en los cursos (las ayudas concedidas por la Junta durante una década) frente a los 741 millones de euros que el Gobierno andaluz del PSOE repartió entre 2000 y 2010 en forma de ayudas socio laborales a trabajadores de empresas en crisis, saltándose los controles. La magistrada no tramita los escritos que el Ministerio Público presenta solicitando la práctica de diligencias. Cuando la juez Ayala fue apartada del caso, denunció presiones.

Con una clase política como la que tenemos, que se ha ganado a pulso el máximo desprestigio desde 1985, necesitamos más que nunca un sistema judicial que funcione. Tenemos una necesidad imperiosa de saber la verdad jurídica del caso de los ERE, la corrupción clientelista, como del caso Gürtel, la corrupción de la derecha que hizo ricos a unos pocos.