"Cazar al lobo sin los permisos adecuados tiene consecuencias muy graves: económicas y hasta penales"

Cada vez que el Gobierno acude al Congreso se pone evidencia su debilidad parlamentaria. Y no hace falta acudir a los grandes temas de defensa o los presupuestos. El Gobierno ha vuelto a perder una votación en un tema muy específico. La protección del lobo ibérico.

En contra del voto de PSOE y SUMAR, salió adelante una enmienda para que el lobo pueda cazarse al norte del Duero. Las organizaciones ecologistas dicen que la decisión se ha tomado sin rigor científico y hablan de atentado, pero el sector ganadero lo valora de forma positiva porque esperan poder controlar una amenaza para su modo de vida.

El lobo gozaba de una protección especial desde el año 2021 y su caza ha estado totalmente prohibida.

En aquel momento, el Ministerio de Transición ecológica estimaba que en España existían 297 manadas. Unos 2500/3000 ejemplares. En 3 años de protección absoluta, este número puede haber crecido sin problemas.

¿Qué es lo que cambia ahora? La caza del lobo seguirá estando prohibida, de forma general, pero en situaciones excepcionales se podrían autorizar batidas de manera controlada cuando, por ejemplo, se produzcan ataques y se pueda acreditar que han sido causados por lobos.

Serán las diferentes regiones las que tienen que articulen un reglamento para regular esa caza excepcional, tal y como tenían antes.

En este caso, Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León son las comunidades con más presencia de este animal. Se calcula que en esta última región se concentran el 60% de manadas. Hasta 2021, Castilla y León tenía estipulado que no se podían cazar más de 145 lobos al año, en total.

Santiago Iturmendi es el presidente de la Federación catellanoleonesa de caza. Nos explica que antes de organizar una cacería de lobos hay que justificar la batida y pedir un autorización.

Así que no se trata de abrir fuego de manera indiscriminada. De hecho, cazar a este animal sin los permisos adecuados tiene consecuencias muy graves: económicas y hasta penales.