"¿Quién paga el dispositivo policial tras los avisos de falsa alarma en valencia, con 27 centros educativos en seis municipios?

Esta es la historia de una falsa alarma que esta mañana ha obligado a desalojar todos los centros educativos de seis pueblos de la provincia de Valencia.

Durante la madrugada, estos colegios e institutos habían recibido un mail con amenazas, una especie de reivindicación. En ese texto había cosas que no cuadraban, por ejemplo una dirección que no existe, pero se entiende que, por precaución, las autoridades decidieran suspender las clases. Más de 11.000 alumnos en total se han visto afectados.

Al final ha sido detenido un joven de 23 años. La verdad es que la Guardia Civil ha tardado muy poco en localizarle siguiendo el rastro de la IP, la dirección asociada a nuestros equipos cuando nos conectamos a Internet.

Era todo mentira, un reclamo de un persona en busca notoriedad y que quizás pueda tener algún tipo de problema psicológico como se está investigando.

El sentido común hacía indicar que se trataba de un falsa alarma pero el miedo es incontrolable así que me puedo imaginar la inquietud de los padres cuando les han dicho que se desalojaba a los alumnos y sobre todo cuando se han enterado de que había un mail con una amenaza explícita en el que se hablaba de “matar a tantas personas como fuera posible”... eso decía.

Si a todo esto le sumas el hecho de ver a centenares de agentes de la Guardia Civil o la policía examinando colegios e institutos y la difusión por redes sociales con rumorología incluida... pues tenemos una dosis importante de alarma social. Vamos, que se ha liado una buena.

Y todo esto ¿tiene alguna consecuencia?

Lo cierto es que debería tenerla, otra cosa es que la persona que ha lanzado la falsa alarma pueda tener algún tipo de problema mental que puede ser contemplado como un atenuante.

Por regla general, se contemplan penas de hasta 12 meses de cárcel por generar este tipo de alarma social. Lo dice el artículo 561 del Código Penal; Simular una situación de peligro conlleva penas de prisión por desordenes públicos. La última reforma del código penal ya considera que si hay movilización de recursos públicos de emergencia tiene que ser considerado directamente un delito.

Una cuestión añadida es la factura. ¿Quién paga el dispositivo policial con centenares de agentes repartidos por 27 centros educativos en 6 municipios? Pues, en teoría, el juez determina la responsabilidad penal pero también se debe cuantificar cuánto ha costado ese operativo y el daño que se ha podido causar.

Pues esta factura en Valencia puede salir bastante cara cuando echen la cuenta. El susto de los padres, no tiene precio.