"Este es el riesgo en España, que una instrucción judicial acabe dependiendo de intereses políticos, y no es una mera suposición"

Es una imagen inédita, la verdad, como otras tantas que estamos viendo estos últimos meses. Centenares de jueces, fiscales o abogados en las puertas de las sedes judiciales de toda España.

Diez minutos de parón para protestar contra la reforma de la Ley del Poder Judicial que pretende sacar adelante el Gobierno y en concreto el ministro Félix Bolaños. La reforma propone cambios en el sistema de acceso a la carrera judicial, con una prueba escrita para valorar los razonamientos jurídicos o, por ejemplo, becar a los aspirantes a jueces y fiscales que tengan menos renta para que puedan dedicarse a estudiar la oposición plenamente.

Además, plantea también aumentar considerablemente el llamado cuarto turno, que en síntesis permite convertirse en magistrados a juristas de reconocido prestigio y que tengan más de 10 años de profesión. Hasta ahora, este cuarto turno existe, pero está muy limitado.

Esto abre la puerta a que muchos juristas accedan a los juzgados por una vía que no es la de la oposición directa, como ocurre ahora mismo. Este es uno de los puntos polémicos de la reforma, pero la madre del cordero se la lleva, los cambios en la Fiscalía.

Principalmente, la idea es que sean los fiscales y no un juez quienes instruyan una causa penal. Esta es la clave que explica Ángel Perrico, de la Asociación de Fiscales.

Lo cierto es que en Europa es habitual que la instrucción de un caso la lleven los fiscales, pero en España la independencia de la Fiscalía hace tiempo que está muy tocada. Incluso el presidente del gobierno ya dejó muy claro aquello de quién depende la Fiscalía. Pues eso.

Y este es el riesgo en España, que una instrucción judicial acabe dependiendo de intereses políticos. Y no es una mera suposición. Es que ahora mismo tenemos a todo un fiscal general del Estado camino del banquillo, acusado de revelación de secretos para perjudicar a un rival político del gobierno.

Con estos mimbres no parece el mejor momento para hacer cambios en nombre de la independencia judicial. Primero, habría que demostrarla.