El sheriff y la ley

El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha sido detenido en el aeropuerto de Manila para ser entregado a la Corte Penal Internacional y ser juzgado por presuntos “crímenes contra la humanidad” en la denominada “guerra contra las drogas”, lanzada en 2016 durante su presidencia. En realidad, toda su carrera ha estado bajo sospecha como consecuencia de sus políticas en esta materia y de sus relaciones con los denominados “escuadrones de la muerte”, ya desde el tiempo en que ocupó la alcaldía de Davao, antes de llegar a la Presidencia. Duterte siempre encarnó la figura de una especie de “sheriff” fuera de la ley, con sus bravatas de taberna, sus ademanes violentos y sus insultos a quien osara interponerse.

Más allá de sus gestos de matón, la “guerra contra las drogas” implicó miles de ejecuciones extrajudiciales. Se calcula que en seis años pudieron desaparecer 6.200 sospechosos en esas operaciones que se dirigían también contra pequeños consumidores que vivían en los suburbios de las ciudades y contra niños de la calle. La Iglesia católica, desde los obispos a los párrocos y a los responsables de Cáritas, denunció sin descanso esta masacre, y por eso fue amenazada e insultada desde el palacio presidencial, y alguno de sus representantes, incluso, fue acusado de sedición por atreverse a plantar cara.

Para muchos, sin embargo, las políticas de Duterte, como las de otros mandatarios que utilizan similares procedimientos, son el único modo de vencer al crimen organizado o a las organizaciones de pandillas criminales. La cruda verdad es que no puede haber seguridad sin respeto a la ley y sin procedimientos judiciales, y que la arbitrariedad es siempre injusta y causa males mayores. No solo porque no distingue entre culpables e inocentes, sino porque acaba perpetuándose y degenerando en dictadura. A Duterte le llega la hora de rendir cuentas, pero la mentalidad que encarna está lejos de desaparecer.