La conciencia y el bien común

No nos vendría mal leer íntegra la Nota que acaba de publicar la Conferencia Episcopal sobre la objeción de conciencia, porque éste es un asunto capital para vivir en libertad y con plena responsabilidad en una sociedad en la que frecuentemente las convicciones cristianas no coinciden con la opinión dominante, y por lo tanto no son las que dan forma a las leyes.

La Nota recuerda que un cristiano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando sean contrarias a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. Aquí no se trata de proponer una especie de anarquía evangélica: no se justifica cualquier desobediencia a las normas promulgadas por las autoridades legítimas por el hecho de que no estemos de acuerdo con ellas. La objeción de conciencia es un gesto serio y profundo de la libertad (del cristiano y de cualquier ciudadano) ante normas que atentan directamente contra elementos esenciales de la propia fe, o que sean contrarias a la dignidad humana.

Frente a algunos escépticos, creo que la objeción de conciencia es un instrumento eficaz para defender la libertad en nuestras sociedades plurales y culturalmente fracturadas, a condición de que sea adecuadamente reconocida y regulada. Un Estado democrático no pierde nada de su soberanía cuando garantiza debidamente la objeción de conciencia. Al revés, de esta manera realiza su misión esencial de promover la libertad y los derechos de personas e instituciones, reconociendo que la fidelidad a la conciencia es decisiva para el bien común. La pregunta es si nuestros legisladores y gobernantes disponen hoy de esta sabiduría.