Pilar G. Muñiz: "El Gobierno espera que sea el Supremo el que unifique la doctrina pero esto no está claro"

Empezamos a perder la cuenta de los agresores sexuales que se están viendo beneficiados por la rebaja de penas que supone la aplicación de la Ley del “Solo Sí es Sí”.

Mientras la ministra de igualdad y su equipo están metidas de lleno en el charco, una mayoría del Gobierno no quiere mojarse y mira para otro lado a pesar de que esta norma se aprobó en el Consejo de Ministros donde, por cierto, hay tres jueces (que algo debían de haber intuido sobre la chapuza que se avecinaba. No lo hiceron o no quisieron, el caso es que aquí tenemos las consecuencias).

Uno de los errores que ahora se atribuyen a la ley es la ausencia de una Disposición Transitoria. Y, ¿ esto qué es? Bueno, básicamente es un punto añadido al texto de una Ley que regula cómo hay que ajustarla a la legislación vigente. Cómo se debe aplicar.

En este caso, podría haber sido un anexo, como un artículo más, que por ejemplo bloqueara la posibilidad de revisión de las penas ya impuestas.

Esto no existe en la Ley del “Solo Sí es Sí”, pero lo cierto es que tampoco está claro que hubiera sido legal su aplicación. Ni con este parche se hubiera evitado la polémica, pero al menos no hubiera sido tan descarada la metedura de pata.

Y hablando de parches, el Gobierno espera ahora que sea el Supremo el que unifique doctrina y cree un criterio que pueda impedir que delincuentes sexuales se beneficien de la rebaja de las penas. Pero esto, que sería un salvavidas político para la ministra de Igualdad, tampoco está nada claro.

Y no lo digo yo. Se lo ha dicho a Carlos Herrera el portavoz del Consejo del Poder Judicial, Juan Manuel Fernández. Explica que, si un preso fue condenado con más años de los que ahora pone la ley hay que aplicarle una rebaja de pena para ajustarse a la nueva norma. Es, dice, inevitable y el Supremo poco puede hacer.

Este magistrado, que fue uno de los ponentes del informe en el que los jueces advertían de este error, insiste en que hay que analizar caso por caso.

Pero más allá de los tecnicismos, este juez llama la atención sobre un punto en el que quizá no pensamos demasiado en medio de la vorágine política o judicial que estamos vivimos.

Hablamos del efecto negativo que puede producir toda esta inseguridad jurídica en las víctimas de agresiones sexuales. No solo en las que ha habido (que también) sino en las que puedan venir.

No olvidemos que más allá de las ministras aferradas al cargo, más allá de la responsabilidad política del gobierno, las verdaderas protagonistas de todo este lío son las víctimas de las agresiones sexuales.