Pilar García Muñiz: "El Gobierno da un volantazo y coge un atajo, una proposición de ley"

Pedro Sánchez no levanta el pie del acelerador. El Constitucional ha dicho que el camino por el que iba puede que no sea el adecuado para cambiar las normas en la elección de los jueces, en el propio Constitucional y en el Poder Judicial. El Gobierno pretendía hacerlo con dos enmiendas durante la votación para derogar la sedición y rebajar la malversación.

Tras un recurso del PP, el Constitucional ha paralizado esas dos enmiendas hasta analizar si un cambio de ese calado puede hacerse de esa manera. Sin informes y sin debate parlamentario. Este es el resumen de la mayor crisis político judicial que vive este país desde hace una semana.

Ante el varapalo, Pedro Sánchez podría haber optado por la via segura para un cambio de esta magnitud. Puede optar por el proyecto de ley, que implica que la iniciativa sale del Consejo de Ministros.

¿Qué supone?

Que tiene que haber informes no vinculantes de organismos como el Consejo de Estado o del propio Poder Judicial. Unas consultas necesarias según le acaba de recordar la Comisión Europea al Gobierno de España .

¿Cuál es el problema?

Pues que a priori, un proyecto de ley, se tramita con una vía más lenta y no cuadra, por ejemplo, con el calendario que maneja Sánchez en sus pactos con Esquerra.

Así que, en lugar de escoger este camino, el Gobierno da un volantazo y coje un atajo. Hablamos de una proposición de ley, como estamos contando en COPE. Aquí son los partidos en el Congreso los que proponen el cambio. En este caso Sánchez puede contar con todos sus socios de investidura para que en el papel aparezcan todas las firmas. Con las del PSOE y Podemos, también las de Esquerra, el PNV o Bildu. Esto es más rápido porque además se tramitaría como procedimiento de urgencia.

En ese punto estamos, con Sánchez acelarando mientras da un bandazo y la oposición inamovible en su recurso ante el Constitucional. Nadie se plantea de dónde viene el problema y, posiblemente, haya que remontarse a 1986.

Ese año el Gobierno de Felipe Gonzalez reformó la ley para que los partidos políticos tuvieran mayor peso en la elección de los magistrados del Poder Judicial. El propio Constitucional avaló el cambio. Luego gobernó el PP y el sistema no se cambió. Se lo ha contado a Carlos Herrera, Andrés Ollero, exmagistrado del Tribunal Constitucional.

Antes de 1986, los jueces elegían a los jueces. Es un sistema que se aplica en otros países de Europa. Y, digo yo, si todos apelan a la independencia judicial, ¿no sería más facil volver a la ley de 1980? Pues no. Parece que estamos empeñados en deshacer un nudo, haciendo más nudos.