8.814 personas fueron internadas en un CIE durante 2017

El título del Informe es bastante ilustrativo: Sufrimiento Inútil: los nuevos lazaretos. Y es que el autor del estudio, el jesuita mallorquín Josep Buades, asegura que los CIE no se diferencian tanto de esas instituciones en las que se recluía a las tripulaciones de los barcos nada más desembarcar y se los mantenía en cuarentena.

De las 8.814 personas que fueron internadas en los CIE en 2017, 396 eran mujeres y 48 menores. Según este informe, los CIE “han actuado como espacios de desprotección y contención de las migraciones, para garantizar la rápida repatriación con las menores garantías, sin posibilitar la adecuada identificación de personas vulnerables y necesidades de protección”.

El informe también valora positivamente la actuación de los Jueces de Control y del Defensor del Pueblo, “para garantizar el acceso y el papel de las ONG dentro del CIE, promover una mejora en las condiciones de internamiento, garantes de la dignidad y los derechos básicos de las personas, y tratar de limitar el uso indiscriminado del internamiento”.

Según Buades, estas instituciones reclaman, entre otras cosas, una mejor atención sanitaria, una mayor información a los internos, que les permitan ejercer sus derechos y solicitar protección internacional.

El perfil de las personas internadas en los CIE es el de varones africanos: argelinos (31%), marroquíes (18%), y costa marfileños (13,78%), sin olvidar que otro 21% corresponde al conjunto de Guinea, Gambia, Camerún, Mali, Guinea-Bissau y Burkina Faso.

El informe hace hincapié también en los sucesos de Archidona que se saldaron con el suicidio de uno de los internos y el desmantelamiento de la cárcel empleada, en fraude de ley, como macro CIE. El capítulo de Archidona, asegura el informe “ahonda en la intencionalidad del gobierno de profundizar en las dinámicas de los CIE de frontera y en la política de control de la migración magrebí”.

Por último, el informe elaborado por el SJM señala que “es imprescindible que el CIE deje de emplearse como herramienta en la lucha contra la inmigración irregular, y denuncia que su eficacia está más orientada a lanzar un mensaje de securitización y control a la población española, dejando en el camino a miles de personas sometidas a un sufrimiento inútil. Las respuestas no han de pasar por los CIE sino por la articulación de alternativas a la detención para las personas recién llegadas, en centros de primera acogida dignos, por la apertura de vías legales que permitan a las personas entrar regularmente en el territorio y posibilitar una estancia segura que abra puertas a la inclusión”.