El Vaticano cierra la investigación sobre el edificio de Londres con diez personas procesadas

Ha supuesto una investigación larga y compleja y que ha dirigido el Promotor de Justicia Gian Piero Milano, así como el adjunto Alessandro Diddi y el ejecutivo Gianluca Perrone. Una labor que se ha desarrollado a través de las pesquisas de la Gendarmería Vaticana dirigida por el comandante Gianluca Gauzzi Broccoletti y que ha llevado al examen de una gran cantidad de documentos, dispositivos electrónicos incautados a los sospechosos, así como al careo de testigos.

El presidente del Tribunal de la Ciudad del Vaticano, Giuseppe Pignatone, ha ordenado la citación a juicio de diez personas, tras la solicitud presentada por la Oficina del Promotor de Justicia, informa un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. La citación pone fin a la primera fase de las investigaciones: ahora la documentación reunida hasta el momento será examinada por el Tribunal durante la audiencia pública que enfrentará a la fiscalía y la defensa. La primera audiencia está prevista para el 27 de julio.

Serán procesados René Brülhart (ex presidente de la AIF, Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede), a quien la fiscalía acusa de abuso de funciones; monseñor Mauro Carlino (antiguo secretario del Sustituto de la Secretaría de Estado), acusado de extorsión y de abuso de funciones; Enrico Crasso (el hombre de las finanzas que había gestionado las inversiones de la Secretaría de Estado durante décadas), acusado de malversación, corrupción, extorsión, blanqueo de capitales y autoblanqueo, estafa, abuso de funciones, falsificación de documentos públicos por un particular y falsificación de documentos privados; Tommaso Di Ruzza (antiguo director de la AIF), al que la fiscalía acusa de malversación, abuso de funciones y violación del secreto de oficio; Cecilia Marogna (la mujer que recibió considerables sumas de la Secretaría de Estado para llevar a cabo acciones de inteligencia), acusada de malversación; Raffaele Mincione (el financista que hizo que la Secretaría de Estado suscribiera importantes acciones del fondo que poseía la propiedad londinense del 60 Sloane Avenue en Londres, y que luego utilizó el dinero recibido para sus inversiones especulativas), acusado de malversación, estafa, abuso de funciones, apropiación indebida y autoblanqueo de dinero; Nicola Squillace (abogado implicado en las negociaciones), acusado de estafa, apropiación indebida, blanqueo y autoblanqueo de dinero; Fabrizio Tirabassi (funcionario en calidad de secretario en la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado que desempeñó un papel destacado en el asunto), acusado de corrupción, extorsión, malversación, estafa y abuso de funciones; y Gianluigi Torzi (el financista llamado a ayudar a la Santa Sede a salir del fondo de Mincione, y que consiguió una paga de 15 millones de euros por devolver el edificio a sus legítimos propietarios), acusado de extorsión, malversación, estafa, apropiación indebida, blanqueo y autoblanqueo de dinero.

Una investigación desde 2019

Las investigaciones, iniciadas en julio de 2019 por la denuncia del Instituto para las Obras de Religión y la Oficina del Auditor General -dice el comunicado- "han visto plena sinergia entre la Oficina del Promotor y la Sección de Policía Judicial del Cuerpo de Gendarmería. Las actividades instructoras también se llevaron a cabo en estrecha y provechosa colaboración con la Fiscalía de Roma y el Núcleo de Policía Económico-Financiera - G.I.C.E.F. de la Guardia de Finanza de Roma. También se aprecia la cooperación con las Fiscalías de Milán, Bari, Trento, Cagliari y Sassari y las respectivas secciones de la Policía Judicial".

"Las actividades de investigación, llevadas a cabo también con comisiones rogatorias en otros numerosos países (Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Jersey, Luxemburgo Eslovenia y Suiza), han permitido sacar a la luz una vasta red de relaciones con operadores de los mercados financieros, que han generado pérdidas sustanciales para las finanzas vaticanas, habiendo utilizado también los recursos destinados a las obras de caridad personal del Santo Padre". "La iniciativa judicial -se subraya- está directamente conectada con las indicaciones y reformas" del Papa Francisco, "en la labor de transparencia y saneamiento de las finanzas vaticanas; labor que, según la hipótesis de la acusación, fue contrarrestada por actividades especulativas ilícitas y perjudiciales para la reputación en los términos indicados en la solicitud de sometimiento a proceso".