La alcaldesa socialista de un municipio de Castellón, investigada por el derribo de un monumento religioso
La primera edil de Vall de Uxó, Tania Baños, procedió al derribo de la cruz ubicada en la plaza de la Paz, sin que previamente la justicia se pronunciara al respecto
La alcaldesa socialista de un municipio de Castellón, investigada por el derribo de un monumento religioso
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Polémica en la localidad castellonense de Vall de Uxó, después de que su alcaldesa socialista, Tania Baños, haya vuelto a ser señalada como investigada por el Juzgado de Instrucción 1 de Nules por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y un delito contra sentimientos religiosos, por el derribo de una cruz del municipio de Castellón.
El recurso contra la regidora fue interpuesto por Abogados Cristianos, al que la Fiscalía da la razón, desestimando de esta manera el auto que declinaba en un primer momento la querella de la organización jurista.
El conflicto se remonta al mes de mayo de 2018, cuando el Equipo de Gobierno aprobó y procedió al derribo del monumento católico ubicado en la plaza de la Paz, sin que previamente la justicia se pronunciara al respecto. Un hecho que, tal y como denuncian los juristas, se hizo con la intención de que el Gobierno Municipal de signo socialista beneficiara a empresas afines al PSOE, siendo este el motivo por el que solicitan la inhabilitación de Tania Baños.
Además, Abogados Cristianos solicitó al juez reponer la Cruz y que la alcaldesa asumiera tanto los costes del derribo como de su reconstrucción.
La alcaldesa de Vall d'Uixó, tras conocer que se ha reabierto su caso, se ha mostrado tranquila a través de un comunicado publicado el pasado viernes, 4 de junio: "La admisión del recurso responde a un aspecto formal, aunque el anterior auto "resulta acertado en cuanto al resultado", por lo que el juzgado deberá emitir un nuevo auto con el mismo resultado desestimatorio, pero motivándolo debidamente", según ha indicado Baños.
La alcaldesa del municipio castellonense añade que la sentencia judicial de hace más de un año ponía de manifiesto que no existía indicio de que se actuara por odio ni discriminación, además de no haber trato de favor a ninguna empresa: “Se hizo con todos los informes técnicos a favor y en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y de la Ley valenciana de Memoria Democrática".