Las legislaciones y actitudes sociales que ponen en jaque el valor de la familia en nuestra sociedad

La próxima retirada del Libro de Familia es visto por diversos colectivos como un nuevo síntoma del desprestigio a la propia familia. Ya lo comentaba el Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, quien a través de su cuenta de Twitter lamentaba que detrás de esta decisión disfrazada “de cambio burocrático”, es “símbolo de la falta de reconocimiento institucional de la familia y de la comprensión de la sociedad como suma de individuos y no como familia de familias”.

Si bien es cierto que en las últimas horas se ha dado marcha atrás, y se continuará entregando desde los Registros Civiles el Libro de Familia en formato físico hasta su digitalización, han hecho saltar las alarmas de quienes defienden a esta institución como uno de los mayores tesoros de la Humanidad.

Lo cierto es que defender la unidad familiar no está hoy en día de moda. Las administraciones públicas, salvo honrosas y excepcionales medidas, no apuestan por ellas. Y cuando se da un paso adelante en esa dirección, luego se retroceden dos. ¿Recuerdan el cheque bebé de Zapatero? Pasó a mejor vida cuando su Gobierno se vio obligado a realizar ajustes en la primavera del 2010.

En el invierno demográfico que padecemos también tiene algo que ver la falta de presupuesto para las familias y la toma de medidas que incentiven la natalidad. Pero en lugar de apoyarla, se pretende reformar la ley del aborto. Un hecho que resumen bien la sociedad en la que vivimos.

La Iglesia siempre se ha posicionado en favor de la unidad familiar, siendo uno de los motivos por lo que se ha mostrado crítico con la aprobación de determinadas leyes que atentan contra ella. Desde las recientemente aprobadas leyes de la Eutanasia o la reforma educativa de Isabel Celaá, pasando por la condena de una actitud que minusvalora el papel de nuestros mayores en la sociedad.

A continuación, repasamos algunas de las medidas que amenazan los valores de la familia. Amenazas a veces legislativas, y otras derivadas de un creciente consumismo que agudiza nuestro individualismo y egoísmo.

Una peligrosa expansión de la ‘cultura del descarte’ hacia nuestros mayores

Se trata de una lacra que de manera constante ha denunciado, especialmente durante la pandemia, el Papa Francisco. Por desgracia, se muestra con toda su crueldad en las controversias éticas surgidas en todo el mundo a raíz de la pandemia.

Hace un año nos escandalizaba saber cómo algunos protocolos establecidos para decidir sobre el acceso a los recursos escasos están basados solo en la esperanza de vida. Se llegaría así a descartar a los ancianos o a las personas que no tuvieran más de dos años de esperanza de vida.

La vida del anciano vale como la de cualquier otro. Es una obviedad. Y no conviene olvidar que los abuelos han sido el sustento de muchas familias en momentos de crisis, mientras en otros casos han propiciado la conciliación laboral y familiar de sus hijos.

El creciente individualismo que propicia el consumismo

Sin duda, es otro de los males a los que se enfrentan la familia. El Papa Francisco ha manifestado en algunas ocasiones que la familia está herida, vive en una sociedad egoísta y consumista que alimenta a una masa de hombres y mujeres solos e infelices.

“Vivimos en una paradoja, vemos tantas casas de lujo y edificios de gran altura, pero menos calor de hogar y de familia; muchos proyectos ambiciosos, pero poco tiempo para vivir lo que se ha logrado; tantos medios sofisticados de diversión, pero cada vez más un profundo vacío en el corazón”.

Priorizar el aborto frente a la reactivación de la natalidad

El invierno demográfico es uno de los males que padece nuestro país desde hace décadas. La pandemia ha agudizado esta difícil situación. La tasa de natalidad ha descendido desde la década de los sesenta. Al cierre de 2019, España contaba con unas 700.000 familias numerosas (tres hijos o más).

Como decimos, la covid-19 no ha contribuido a paliar los datos. Tanto es así que durante los primeros nueve meses de pandemia la natalidad siguió cayendo. En el mes diciembre dieron a luz un 20% de bebés menos que en el mismo mes del 2019 con 23.226 niños, lo que supone un récord a la baja desde 1941, en plena posguerra.

La falta de conciliación, la precariedad laboral, el déficit de ayudas públicas a la familia o la coyuntura económica podrían explicar estas cifras tan bajas. Con estos datos, llama la atención la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de dar una vuelta de tuerca a la ley del aborto aprobada por el gabinete de Zapatero en 2010, y que dejaba atrás la ley de supuestos de 1985.

El objetivo manifestado por la Ministra de Igualdad, Irene Montero, es el de suprimir la obligatoriedad para las menores de 16 y 17 años de edad de contar con el consentimiento paterno si desean interrumpir la gestación, derogando así la ley aprobada en 2015 por el PP.

La Ley que regula la práctica de la eutanasia

El pasado mes de marzo, el Congreso de los Diputados daba luz verde definitiva a la ley de eutanasia. Una norma que supone dejar a la vida más vulnerable al albur de estados de ánimo, de presiones sociales e intereses espurios. En el Parlamento no se escucharon durante su tramitación las voces de los profesionales, ni de los enfermos crónicos, ni de las personas con discapacidades severas. Tampoco se abordó el tremendo déficit de los cuidados paliativos en España.

Como remarcaba el pasado mes de septiembre la Conferencia Episcopal Española, la eutanasia es propia de una visión individualista y reduccionista del ser humano, y de una idea de libertad desvinculada de la responsabilidad. Se niega la dimensión social del ser humano, “diciendo mi vida es mía y sólo mía y me la puedo quitar”.

Los obispos señalaban la paradoja de una sociedad que pretende la eliminación total del sufrimiento, y cuando no lo consigue propone salir del escenario de la vida. Por el contrario, lo verdaderamente humano es acompañar, paliar y ayudar a vivir ese sufrimiento, porque no hay enfermos “incuidables”, aunque sean incurables.

La ‘Ley Celaá’: un instrumento para cercenar la libertad de las familias

Una de las leyes más importantes aprobadas en el actual curso político es la llamada ‘Ley Celaá’, cuyo principal propósito es asfixiar a la Escuela Concertada. Una reforma que vulnera el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos pese a ser un derecho fundamental que recoge el artículo 27 de la Constitución, y que establece que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

La nueva ley de Educación pretende incrementar las plazas de enseñanza pública a costa de reducir hasta su eliminación la de los colegios concertados. Una medida que suprime de forma letal la libertad de las familias de escoger a qué centros quieren llevar a sus hijos y elimina la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación de puestos escolares.

Desde la Conferencia Episcopal Española lamentan que se trate de una ley aprobada en plena pandemia, sin consenso social ni la comunidad educativa.

La negativa de la izquierda al ‘pin parental’

En invierno de 2020, justo antes de la pandemia, la clase política estuvo dividida por la propuesta de Vox en Murcia de impulsar el ‘pin parental’ en los centros escolares, por el que son los padres de los alumnos quienes han de autorizar la participación de sus hijos en determinadas actividades, especialmente de carácter afectivo-sexual.

Desde la izquierda (PSOE y Unidas Podemos), se mostraban contrarios a que los padres tuviesen libertad para elegir los contenidos ideológicos que reciben sus hijos, como defendía Vox y el PP.

Una polémica que, a juicio de la Conferencia Episcopal Española, no sería necesaria si se aprobase una ley educativa donde los valores se basaran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos sin entrar en las cuestiones sobre "la comprensión de la diferencia sexual".

Para el organismo episcopal, la solución es que se haga una propuesta educativa en la que todos los ciudadanos estén de acuerdo y ha planteado que algo en lo que hay consenso "unánime" es en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero ha añadido que ese acuerdo no existe en la educación sobre "la diferencia sexual".