El artículo de la Constitución que agrede la 'Ley Celaá' y que pone en jaque la libertad de las familias

“A primera vista fuerza bastante el artículo 27”. Así de contundente se mostró hace unos días el Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, al referirse a aquellos aspectos de la reforma educativa, conocida como la ‘Ley Celaá’, que podrían cercenar la libertad de los padres a la hora de elegir la educación que quiere para sus hijos, acorde a sus convicciones morales y religiosas.

Como decimos, el artículo 27 de la Constitución Española, cuyo día se celebra este domingo 6 de diciembre, hace referencia a la libertad de enseñanza a través de tres apartados, que son los siguientes.

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones

En los últimos meses, son miles de personas las que han salido a la calle para manifestarse contra la LOMLOE, al entender que se pone en jaque el modelo educativo concertado y, por consiguiente, lesiona la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos.

La CEE ya ha manifestado que no descarta apoyar posibles recursos de inconstitucionalidad que se presenten contra la reforma educativa, que ha recibido ya la luz verde del Congreso de los Diputados. En cualquier caso, Mons. Luis Argüello se mantenía optimista para llegar a un acuerdo en el desarrollo de la ley. La reforma se ha aprobado, como lamentan diversos colectivos, sin consenso (al igual que las leyes anteriores) y tramitada en plena pandemia.

¿Por qué la ‘Ley Celaá’ lesiona el artículo 27 de la Constitución?

La 'Ley Celaá' busca la asfixia de la escuela concertada, además de eliminar el español como lengua vehicular, entre otros aspectos. La nueva ley educativa tiene el propósito de arrinconar a la escuela concertada y vulnera el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Un derecho fundamental que recoge la Constitución en su artículo 27.

Y es que la LOMLOE pretende incrementar las plazas de enseñanza pública a costa de reducir hasta su eliminación la de los colegios concertados. Una medida que suprime de forma letal la libertad de las familias de escoger a qué centros quieren llevar a sus hijos y elimina la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación de puestos escolares.

En España se calcula que hay alrededor de dos millones de alumnos estudiando en centros concertados. Con la 'Ley Celaá', el Gobierno intenta poco a poco reducir la presencia de estos alumnos en el conjunto del sistema educativo. Si en la zona de un municipio hay un colegio público, primero se obligará a que se llenen las plazas de ese centro. Hasta que no se llene el colegio público, no cabrá la posibilidad de que un profesor pueda llevar a su hijo a otro centro. De esta manera, si los concertados tienen menos alumnos por una decisión de la administración -no porque no haya demanda el Gobierno- tendrá el argumento para reducir de forma progresiva parte del dinero del concierto que les corresponde a ese centro.

Unos aspectos de la ley que atentan contra la libertad educativa y, por consiguiente, contra la Constitución.