La diócesis de Bilbao, de Burgos y de CoriaCáceres, las más transparentes
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La Fundación Haz (antes Compromiso y Transparencia) publica el segundo informe de Rendición de cuentas y transparencia en la Iglesia en el que examina la transparencia y el buen gobierno en las 69 diócesis y archidiócesis territoriales españolas.
El informe de transparencia y buen gobierno de las diócesis 2020 se ha podido llevar a cabo gracias al apoyo de Porticus.
A pesar de ser solo la segunda edición, las diócesis muestran un importante incremento en los niveles de transparencia con respecto al año anterior. Aumenta el cumplimiento en todas las áreas analizadas, así como en 61 de las 69 diócesis que componen la muestra.
Destacan especialmente las dos sedes que más han mejorado: la diócesis de San Sebastián ha incrementado su transparencia en 15 puntos, seguida con un aumento de 14 puntos de la diócesis de Calahorra y La Calzada–Logroño.
La evolución ha engrosado el número de diócesis translúcidas, encontrándose la mayoría de ellas en este grupo: 79%. Las diócesis calificadas como transparentes han pasado de dos a tres, representando el 4% de la muestra y las clasificadas como opacas descienden al 17%. De este modo, el informe concluye que el 83% de las diócesis españolas ha superado el examen de transparencia.
Lidera el ranking la diócesis de Bilbao (30 puntos sobre 38), seguida de la archidiócesis de Burgos (29), y la diócesis de Coria–Cáceres (27), que este año sube al podio de entidades transparentes.
Los resultados se desprenden del análisis de 19 indicadores organizados en seis grandes áreas: información histórica y administrativa sobre la diócesis, estructuras de dirección y gobierno, principales políticas económicas y de gestión de riesgos, el plan diocesano, información económica y resultados de la actividad.
Los resultados por áreas
El Informe de transparencia y buen gobierno de las diócesis 2020 desprende que prácticamente todas las área e indicadores han registrado mejoras en los grados de transparencia, subrayando que el incremento ha sido mayor en aquellas en las que se partía de grados de transparencia más bajos.
El área de Políticas, por ejemplo, ha pasado de un cumplimiento del 4% en el 2019 a un 25% este año.
El fuerte incremento se debe en gran parte al indicador de la política relativa a la Protección y salvaguarda de menores, que ha pasado de un cumplimiento del 6% el pasado año a uno del 50% en esta edición.
Un aumento que es más significativo si se tiene en cuenta que el informe ha elevado su nivel de exigencia por la sensibilidad del tema: Además de la publicación del protocolo se pide que las diócesis faciliten información del departamento u oficina responsable de atender las denuncias o consultas, así como habilitar un canal de denuncias.
El área de Información económica ha experimentado un aumento de 19 puntos porcentuales, pasando del 3% al 22% esta edición. En este caso, el progreso se ha debido a la publicación del presupuesto del 73% de las diócesis, 70 puntos más que el año anterior.
En esta área, sin embargo, existe todavía mucho margen de mejora en las prácticas de transparencia, pues las diócesis que cumplen los indicadores de transparencia económica son la excepción. Ninguna de las 69 sedes evaluadas cumple íntegramente los cuatro indicadores exigidos referentes a presupuesto, estados financieros, informe de auditoría y memoria explicativa.
El informe también destaca el esfuerzo que viene haciendo desde hace años la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal por estandarizar los sistemas contables e impulsar procesos de revisión interna y externa.
Si embargo, es precisamente la necesidad de fortalecer las funciones de gobierno y supervisión del consejo de asuntos económicos la que ha llevado a la Fundación Haz a incorporar el próximo año dos nuevos indicadores referidos a la composición y funcionamiento de este órgano.
Por su parte, se sigue apreciando en esta edición una ausencia importante de políticas generales en aspectos clave de la administración de los bienes económicos de la Iglesia, como son la aprobación de una Política de inversiones financieras y una Política de contratación de obras. Se trata, en los dos casos, de cuestiones que entran de lleno en el ámbito de competencia del consejo de asuntos económicos y que reafirman la necesidad de revisar y reforzar el órgano.
Particularmente necesario –recuerda el documento– resulta desarrollar una política de inversiones que sepa combinar los objetivos financieros con los principios y valores que impulsa y promueve la Iglesia católica.
Finalmente, el área de Resultados sigue siendo una de la que mejor desempeño presentan las diócesis. Hecho muy relacionado con la rendición de cuentas que realiza cada año la Oficina de Transparencia publicando su Memoria Anual de actividades de la Iglesia católica en España.
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