Gabilondo habla de "impacto devastador a las víctimas y pide un acto de reconocimiento público"

"Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y soledad que durante años se ha mantenido cubierta por un injusto silencio, el de quienes pudieron hacer más, o de otro modo, para evitarlo. No es cierto que todos lo sabían, pero no es verdad que nadie lo sabía". Con estas palabras, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha hecho entrega esta mañana a la presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol, del “Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos”.

El Informe cuenta con 777 páginas y recoge, entre otras cosas, los ámbitos de actuación, objetivos, metodología y fuentes empleadas. Además, Gabilondo ha pedido no solo a la Iglesia, sino también al Estado, "que den respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio”.

Gabilondo ha insistido en que "las víctimas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este Informe”. Entre las recomendaciones del informe, el Defensor del Pueblo apunta la celebración de un acto público de reconocimiento a las víctimas, crear un fondo estatal para pagar compensaciones y que la Iglesia ponga medios para ayudar a las víctimas en el proceso de recuperación.

Una encuesta y 487 testimonios

El objetivo del Informe ha sido el de describir la dimensión del fenómeno, sus causas y sus consecuencias en las personas afectadas, con el fin de que las recomendaciones emitidas sean útiles para la prevención y la reparación de las víctimas, y se ha realizado a partir del análisis interdisciplinar de la información recogida por diversas fuentes. Gabilondo ha explicado que se ha realizado una encuesta a través de GAD3, que contempla una muestra metodológica y numérica de 8.013 personas.

Los datos de la encuesta, señala cómo el 3,36% de los abusos se produjo en el ámbito familiar, mientras que el 0,6% afirma que "ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico". El muestreo también revela que un 11,7 % de las personas entrevistadas ha sido víctima de abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, principalmente en el ámbito familiar. Así, el 72% de los encuestados consideraron que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4% lo valoraron de bastante grave.

Por otro lado, la Unidad de Atención a las Víctimas, también creada para abordar los trabajos del Informe, ha recogido información relevante sobre 487 víctimas, en entrevistas realizadas tanto en Madrid como fuera de la capital. De ellas, la inmensa mayoría (84%) fueron hombres. Las víctimas recalcan los problemas emocionales y de conducta que padecen como consecuencia de los abusos. Y un tercio de éstas señalaron haber tenido síntomas de estrés postraumático y, algunas de ellas, habían experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida.

El porqué de este informe

Los testimonios recogidos de la escucha respetuosa a las víctimas revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en sus vidas. “En ningún caso el número de testimonios pretende dejar determinado el alcance cuantitativo del problema. Lo importante, cuando se ofrece un determinado número de testimonios de víctimas, es tener presente la singularidad personal de cada una de ellas y la inviabilidad de reducirla a una cifra en una contabilidad”, ha insistido el Defensor del Pueblo.

Además, el Informe indica que “los abusos sexuales constituyen un grave problema social y de salud pública. Un problema que ha causado mucho daño y ha sido devastador. La gravedad del fenómeno deriva de la intensidad del daño que han sufrido las víctimas, de la cantidad de personas afectadas y de la defraudación de la confianza depositada por ellas, y por una parte muy importante de la sociedad, en una institución que ha tenido un poder innegable en España y una autoridad moral en la sociedad”.

Ángel Gabilondo ha subrayado que “el Informe aporta claridad, datos y argumentos ante una cuestión que a todos resulta difícil de abordar, pero que es imprescindible hacerlo. Se trata de que se asuman responsabilidades, lo que implica responder de, responder ante y responder a. Y esta respuesta necesaria exige que el Informe que hoy entregamos a la Cortes Generales, a través de su presidenta, contribuya a la toma de mayor conciencia de la cuestión, y a dar efectivamente una respuesta a las víctimas, una respuesta exigida por ellas con buenas razones”.

Recomendaciones

El Informe recomienda, entre otras cosas, celebrar un acto público de reconocimiento a las víctimas, crear un fondo estatal para pagar compensaciones, que la Iglesia ponga medios para ayudar a las víctimas en el proceso de recuperación, y reformas normativas para prevenir abusos y reparar a las víctimas.