El Tribunal Constitucional sigue sin pronunciarse sobre la ley del aborto aprobada por el Gobierno de Zapatero

El pasado jueves, el Tribunal Constitucional de Polonia declaraba ilegal la interrupción del embarazo por malformaciones fetales graves, como enfermedad o discapacidad. El partido que lidera una coalición en Polonia con mayoria absoluta, presentó hace tres años una querella y, con este fallo, los supuestos legales de aborto en el país se reducen a violación, incesto y grave riesgo para la vida o la salud de la madre.

La formación gubernamental consideraba que el aborto por malformación del feto es una forma de eugenesia que no respeta la dignidad humana y, por lo tanto, no podía tener cabida en la constitución del país. El número de abortos legales en Polonia se acerca a 1.100, de los cuales el 96% se llevaron a cabo por malformación del feto. La justificación más recurrente fue el síndrome de Down.

El silencio del Tribunal Constitucional en España despues de más de 10 años

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la intervención voluntaria del embarazo, modificó la regulación penal del aborto consentido para establecer un sistema de plazos con asesoramiento previo.

La nueva norma fue recurrida en aquel momento ante el Tribunal Constitucional por 71 diputados del Partido Popular. Después de casi once años, el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre esa impugnación y parece que el recurso sigue dormido en los cajones. Los parlamentarios del Partido Popular que recurrieron la norma han insistido envarias ocasiones que no van a hacer propuestas sobre el aborto hasta que no se pronuncie el Constitucional, pese a los más de 10 años sin pronunciarse

Y todo ello a pesar de que en el auto dictado en 2010, en el que se desestimò la petición del PP de suspender cautelarmente determinados preceptos de la ley “al existir evidente perjuicio irreparable, ya que se está hablando de la eliminación de vidas humanas”, el Tribunal Constitucional acordó dar “carácter prioritario a la tramitación y resolución” del citado recurso. El Tribunal Constitucional parece haber renunciado a afrontar estas y otras cuestiones a pesar de su relevancia, no sólo en el plano del debate moral y político, sino también desde la perspectiva de la interpretación de la Constitución. En 2010, José Luis Rodríguez Zapatero impuso una nueva la ley del aborto que los españoles no demandaban y que no figuraba en su programa electoral.

Desde su nombramiento como presidente del PP, Pablo Casado ha manifestado su intención, si gobierna, de recuperar la ley del aborto de 1985 porque, según ha explicado en sus intervenciones, contó con el apoyo mayoritario de los partidos y, también, con una "mayor aceptación social".

Esta norma despenalizó por primera vez esta práctica, un delito hasta ese momento en España, pero sólo en tres supuestos: violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y malformación del feto. Mientras, la reforma que el equipo de Zapatero llevó a cabo 25 años después, permite el aborto libre hasta las 14 primeras semanas de gestación y hasta la 22 si existe riesgo para la vida o salud de la madre.

La situación en Europa

Irlanda, Polonia y Chipre son los países europeos que prohíben el aborto salvo algunas excepciones, mientras que en Malta es totalmente ilegal. Irlanda era, junto con la mencionada Malta, el único miembro de la UE que no tenía una ley del aborto (desde su fundación en 1921).

Esta atípica situación cambió en 2013 con la primera ley llamada Protección de la Vida durante el Embarazo. Una ley que sólo permite el aborto cuando la vida de la madre corra un peligro "real y sustancial", lo que incluye también la amenaza de suicido.

Otros países mantienen leyes de aborto altamente restrictivas: Andorra y San Marino no permiten el aborto en ninguna circunstancia; Liechtenstein lo autoriza solo cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo, o cuando el embarazo es producto de una agresión sexual; Mónaco y Polonia mantiene una normativa similar. Irlanda del Norte permite el aborto únicamente en casos de riesgo para la salud física o mental.