Cáritas llama a los grupos parlamentarios a aprobar la regularización de los migrantes: "Es una inversión de futuro”

El presidente de Cáritas, Manuel Bretón, ha defendido la regularización de medio millón de migrantes en situación administrativa irregular pero con arraigo desde hace años en nuestro país, en virtud de la Iniciativa Legislativa Popular que apoyaron más de 700.000 ciudadanos.

En la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, Bretón ha subrayado que esta regularización sería efectiva en términos laborales, ya que contribuiría a “combatir el fraude y controlar el mercado laboral”, además de ser un apoyo para “sectores como la agricultura”, por lo que insiste en la necesidad de aprobarla tras ser tomada en consideración por la Cámara Baja en diciembre de 2024.

En este sentido, el presidente de la entidad social de la Iglesia ha sostenido que España necesita una población activa donde “la migración no es una carga, es una inversión en el futuro”. Y es que como ha manifestado, la irregularidad afecta a todos los sectores como la vivienda, el empleo, la salud o la educación. “ Es justo y hay precedentes y no es la primera vez, España ha realizado seis procesos de regularización”.

Ni efecto llamada ni ocupan puestos de trabajo: Ana abril desmonta los mitos en torno a los migrantes 

Por su parte la coordinadora de Incidencia Política de Cáritas, Ana Abril, ha reclamado a los grupos parlamentarios dar luz verde a la ILP y el Gobierno apruebe el Real Decreto, bajo el argumento de que “la irregularidad aboca a las personas a vulneraciones de derechos y exclusión”, y ha reclamado reforzar las oficinas de Extranjería. “Es una medida viable, justa y legitima. Son vecinos y vecinas que viven con nosotros, construyendo, aportando”.

Abril ha tratado de convencer a los grupos parlamentarios representados en la comisión para aseverar que ningún estudio avala que una regularización extraordinaria de migrantes conlleve “un efecto llamada” ni que su presencia implique “quitar puestos de trabajo a otras personas”.

De ahí que Cáritas haya subrayado que la organización eclesial “ acompaña a todas las personas desde la dignidad de cada una” defendiendo “el derecho a migrar y no migrar”. “Ojalá las personas no tuvieran que salir de su tierra pero lo tienen que hacer”, ha lamentado Abril.

Las sugerencias los grupos de la iglesia que reclaman la regularización extraordinaria 

Entre las sugerencias, fruto del trabajo conjunto de este grupo eclesial integrado por Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, REDES y CONFER, destacan la necesidad de que las personas migrantes susceptibles de acogerse a la regularización extraordinaria acrediten una permanencia previa en España de un máximo de seis meses anterior a la solicitud a través de cualquier medio de prueba válido en derecho.

Las entidades sugieren además la posibilidad de que estas personas puedan acreditar la identidad mediante su pasaporte de país de origen, ya sea que esté en vigor o caducado (sobre todo para aquellas nacionalidades que no tienen posibilidad de renovarlos). Como alternativa proponen que puedan hacerlo también mediante una cédula de inscripción emitida por el Ministerio del Interior, o identificándose con cualquier medio de prueba válido en derecho, que acredite la identidad, así como mediante cualquier documento que identifique a los solicitantes de protección internacional o apatridia.

En relación al requisito de carecer de antecedentes penales en España y en país de origen, recomiendan que se establezca una serie de normas claras respecto a la valoración de antecedentes penales en España y una serie de excepciones a la obligación de aportar los antecedentes penales de país de origen, así como una aplicación conforme a la jurisprudencia de las denegaciones que se justifican por parte de la administración cuando se alegue que esas personas suponen “una amenaza real, actual y suficientemente grave para el orden público, la seguridad o la salud pública”.