Condenan al Ministerio del Interior por su falta de transparencia con los CIE
La sentencia obliga a facilitar información sobre la situación de los centros de internamiento de extranjeros tras la denuncia del Servicio Jesuita a Migrantes
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido una sentencia que condena al Ministerio del Interior por no facilitar información pública sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y, por tanto, considerar que este incurrió en una violación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Esta decisión llega tras una serie de acciones legales emprendidas por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), una entidad humanitaria que ha estado luchando por acceder a datos sobre la situación de estos centros, donde se retiene a personas migrantes, desde enero de 2023.
lentitud e información incompleta
En ese mes, el SJM solicitó información a través del portal de transparencia del Gobierno sobre lo ocurrido en los CIE durante todo el año 2022. Sin embargo, la Dirección General de Policía, dependiente del Ministerio, tardó más de un año en responder y proporcionó información incompleta ya que no se encontraba información referente al número de quejas recibidas o al estado de los servicios de salud en los centros.
"caracter represivo y opaco"
Ahora, la sentencia obliga al Ministerio a entregar toda la información solicitada en un plazo de un mes y establece un precedente importante para futuras solicitudes de transparencia. El SJM ha destacado que el acceso a esta información es esencial para elaborar informes anuales que visibilicen las vulneraciones de derechos en los CIE, así como para entender mejor la política migratoria del Gobierno español, que critican por su carácter represivo y opaco.
"cerrar los CIE y buscar alternativas más humanas"
En su comunicado, el SJM también reitera la necesidad de cerrar los CIE y buscar alternativas más humanas para gestionar la irregularidad administrativa de las personas migrantes en España. La entidad señala que la lentitud y falta de transparencia del Estado han dificultado su capacidad para evaluar los recursos destinados a estos centros y el perfil de las personas allí retenidas.