La diócesis de Segorbe-Castellón aprueba un protocolo "de prevención y actuación" en caso de abusos

La diócesis de Segorbe-Castellón ha aprobado un protocolo de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores en el que explica cómo actuar con niños y adolescentes - evitando contacto íntimo y a solas - y cómo prevenir situaciones de riesgo, y anima a denunciar y comunicar a las autoridades un posible caso.

El protocolo, aprobado el pasado día 19 de octubre a instancias del obispo Casimiro López y que ha publicado la diócesis en su página web, se trasladará a todas las delegaciones, parroquias, asociaciones canónicas, movimientos e instituciones educativas en el territorio diocesano.

En el mismo se explica que una de las obligaciones "más importantes" del obispo es la de "proteger y asegurar el bien común de los fieles", especialmente "los más pobres y necesitados y los menores". Del mismo modo, añade que se debe "velar para que en la vida eclesial cada niño, joven o anciano encuentre las condiciones idóneas en un ambiente sano y seguro". Se hace mención al encuentro en Roma de 2019 sobre "La protección de los menores en la Iglesia" en el que el Papa Francisco invitó a los obispos a elaborar normas para "luchar contra los abusos sexuales en su diócesis".

La carencia hasta ahora de un protocolo diocesano conllevaba que pudiera haber sacerdotes que "por desconocimiento se pudieran sentir desorientadas o incapaces de actuar ante situaciones de este tipo", según recoge el texto. Se ha aprobado este protocolo para "prevenir y, en su caso, a detectar y denunciar, así como actuar con rapidez y firmeza ante el abuso sexual perpetrado por cualquier miembros del personal o colaborador en las actividades pastorales".

Tiene pues como objetivo prevenir el abuso sexual a menores (personas de menos d e18 años o equiparadas legalmente a ellos por una enfermedad o discapacidad); protocolizar el modo de proceder adecuado; encontrar caminos de reparación y ayudar a que el abusador asuma su rehabilitación.

El protocolo contempla que para selección de personal se deberá aportar certificado negativo del Registro de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos; que recibirán formación básica sobre abusos sexuales; firmarán un documento de responsabilidad personal y serán sometidos a una entrevista específica, además de mostrar su compromiso en participar en temas de abusos y sus consecuencias. La formación contemplará diversas áreas temáticas y deberá ser actualizada. La diócesis adaptará los programas para que sean accesibles para todos los agentes de pastoral, personal docente, asistencial y voluntario.

Se trabajará asimismo en la concienciación de la comunidad diocesana, especialmente sacerdotes, y la aplicación de unas medidas preventivas como que las muestras físicas de afecto "siempre han de ser comedidas y respetuosas" y han de hacerse "tocando zonas seguras". Recuerdan que las muestras de afecto "tienen sus límites sociales" y no se practican "con fuerza, ni excesiva presión ni duración" y "no se tocan jamás zonas íntimas o erógenas".

Se evitará además "estar a solas con menores en despachos, sacristías, salas o dependencias...", se procurará que estén las puertas abiertas y "si se ha de examinar a un menor herido, se hará siempre en presencia de otro adulto".

La comunicación con menores será en "lugares visibles y accesibles a los demás" y se recomienda despachos con puertas transparentes. Puertas que deberán permanecer abiertas. En convivencias se evitará que los adultos compartan habitación con los niños o adolescentes, incluso recomienda invitar a padres a tener una presencia activa en estos viajes. También se respetará la intimidad en duchas y vestuarios.

Otro de los puntos indica que será motivo de cese inmediato en la actividad pastoral o educativa "cualquier relación sentimental, consentida o no, de un adulto con un menor". Se anima además a detectar el abuso mediante indicadores - que pueden ser físicos o de comportamiento - o revelación. Ante la detección de un abuso, indica el protocolo, "es importante ser sensible a las necesidades del menor, no posponerse la revelación y dar apoyo y confianza".

En caso de detectarse una situación de abuso se debe comunicar a la autoridad de la Iglesia y a la Oficina diocesana creada para tal efecto en 2020. Además, recuerda que es obligatorio comunicar a la autoridad civil un posible caso de abuso, sin necesidad de tener certeza o haberlo confirmado. Por último dedica un apartado a la justicia restaurativa en el sentido de "apoyar a las víctimas; reparar las relaciones; denunciar el comportamiento criminal; motivar la responsabilidad de todas las partes, especialmente del agresor; reducir la reincidencia e implementar estrategias preventivas".