Entidades relacionadas con la Iglesia recurrirán ante el Supremo la regulación del asilo de migrantes en el nuevo reglamento de Extranjería

Cinco ONG que trabajan por los derechos de los migrantes han decidido recurrir este lunes ante el Tribunal Supremo el nuevo reglamento de Extranjería aprobado por el Gobierno en noviembre pasado y que entrará en vigor el próximo 20 de mayo. Estas entidades son Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes.

En España, el pasado año solicitaron asilo, o protección internacional, cerca de 163.000 personas, según datos de CEAR. Esto supone un 37% más que el año anterior. Además, cada año son más personas quienes lo solicitan y, al mismo tiempo, se retrocede en concesiones.

La alianza formada por estas cinco organizaciones especializadas en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas ha valorado en un comunicado que “la nueva normativa establece mejoras importantes y fundamentales”, aunque añaden que “también hay varios aspectos relevantes que suponen un impacto negativo en los derechos de las personas solicitantes de protección internacional y que se han dejado atrás”.

Las cinco ONG aseguran que “hay suficientes fundamentos de derecho para impugnar la incompatibilidad entre el procedimiento de protección internacional y los arraigos”.

motivos para recurrir el nuevo reglamento

El actual Reglamento señala que el tiempo como solicitante de protección internacional no compute como tiempo de permanencia previa para solicitar una residencia por arraigo. Según explican las asociaciones, “esto significa que si una persona migrante recibe una denegación a su solicitud de asilo, deberá reiniciar su tiempo de permanencia previa para optar a un arraigo”, algo que en este caso haría en situación irregular.

El recurso contencioso administrativo interpuesto ante el Tribunal Supremo por estas entidades se centra en esta incompatibilidad, que dejaría en situación administrativa irregular a cerca de la mitad de las personas solicitantes de asilo, y se convierte en un elemento que desincentiva el ejercicio del derecho al asilo.

Las cinco entidades concluyen que han decidido “dar un paso adelante con este recurso ante el Tribunal Supremo” para “poner en primera línea la importancia de que la legislación española avance de forma definitiva en garantizar los derechos de las personas en el camino hacia su inclusión como ciudadanía participante”.