Los jesuitas advierten que "en la frontera no solo se pone en cuestión la vida, sino también nuestros valores”

“Con quince años, fue interceptado cuando intentaba salir de la playa de la Bocana. Tras escapar y recorrer parte del dique y volver a echarse al mar. Fue aporreado y lanzado en ropa interior al mar. Un 20 de noviembre. Contactó con nosotros esa misma madrugada, solicitando ayuda. Su cadáver apareció días después”. Este es solo uno de los testimonios que recoge el Informe Frontera Sur, "Donde habita el olvido" del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-España.

Un análisis que se ha presentado en Madrid este 12 de diciembre y que alerta de "cómo la voluntad de control fronterizo deja de lado a los derechos humanos". Este estudio bienal, basado en la observación sobre el terreno realizada por su equipo en Melilla y por el análisis jurídico que de allí surge. El coordinador del informe, el jesuita Josep Buades, ha explicado el temor de que las garantías de los derechos de las personas migrantes previstas en el ordenamiento jurídico “queden en papel mojado”.

Por ello, desde el SJM han insistido en denunciar los rechazos en frontera y formas de devolución sumaria por la falta de garantías para quienes tienen necesidades de protección, el creciente uso y abuso de la violencia en las operaciones policiales y el carácter lesivo de los obstáculos fronterizos: “Detrás de cada uno de los datos, hay rostros e historias humanas con anhelosm ilusiones y esperanzas”.

Procesos de devolución

“Durante los saltos se han dado devoluciones y rechazos en frontera. Aquellas personas que consiguieron llegar al CETI han sido identificadas por la Policía para iniciar sus procesos de devolución. El temor existente es que la asistencia letrada sea rápida y somera, sin tiempo suficiente para profundizar en las circunstancias personales de cada persona, en caso de que existan necesidades de protección. Además, los servicios de interpretación cultural suelen ser insuficientes”.

¿Son olvidados los derechos en la frontera?

Más allá de los puestos de control, ha explicado, “miramos a cómo la frontera persigue a estas personas que ven vulnerados sus derechos humanos. En base a nuestro trabajo de observación de derechos, y acompañamiento y defensa de las personas migrantes en tránsito en la ciudad de Melilla, apreciamos cómo el Derecho y los derechos humanos son olvidados en la Frontera Sur”.

Además, han denunciado que “las políticas de control fronterizo impiden a las personas acceder a territorio para, por ejemplo, solicitar protección internacional sin poner su vida en grave riesgo. Así lo demuestran hechos como la tragedia del pasado 24 de junio, en el que murieron, al menos, 23 inmigrantes”.

Y es que “los dispositivos de control fronterizo en las vallas, aguas cercanas a Melilla y en plazas menores de soberanía impiden que pidan protección internacional en España quienes no tienen medio de hacerlo en la oficina de asilo en las dependencias policiales de Beni Enzar.

“Estos casos observados de cerca por nuestro equipo en Melilla fuerzan a seguir denunciando las vulneraciones de derechos en los procedimientos anómalos en la frontera como rechazos en la valla, devoluciones sumarias y otras formas de devolución sin garantías”.

No obstante, tal y como ha señalado Javier Giménez Rivadeneyra, abogado del SJM en la Frontera Sur y autor del informe, en 2021 y 2022 han disminuido notablemente los saltos de las vallas, reforzadas en lo alto con peines invertidos, así como se añadió un segundo foso en zona marroquí en el verano de 2022.

La problemática de Ceuta y Melilla

En la presentación, han destacado que “a pesar de lo establecido por la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de protección subsidiaria, se observa una realidad contradictoria: Es casi imposible acceder a las oficinas de asilo en las dependencias policiales de los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla”. Por ello, han denunciado también la aplicación indebida de la disposición adicional décima de la LO 4/2000 a las personas interceptadas en las aguas contiguas a Melilla o detenidas en territorio español dentro de plazas menores de soberanía.

“La Devolución Sumaria desde cualquiera de las plazas menores de soberanía española no encaja en la figura del rechazo en frontera regulado. El ámbito geográfico de la norma se limita a la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla”.

Por todo ello, advierten “ es necesario aplicar un enfoque de derechos en la gestión fronteriza para garantizar el derecho a la integridad física y moral, sin que nadie pueda ser sometido a malos tratos, tratos inhumanos o degradantes”. Además, “impedir cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Por último, “dictar órdenes oportunas para que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén siempre identificados”.

Por su parte, Marta Sánchez-Briñas Otte, abogada de Pueblos Unidos-SJM y autora del informe, ha hablado sobre su acompañamiento a los ex tutelados. “Al final, con un buen acompañamiento individual, podemos devolverles su dignidad y ellos pueden salir adelante”, ha destacado.

El trabajo de Servicio Jesuita a Migrantes en Melilla

El SJM mantiene una línea de trabajo en la frontera sur española con una oficina en Melilla en la que ofrecen servicios de escucha, acompañamiento legal, protección y defensa de derechos a las personas migrantes y refugiadas en tránsito, coordinan la labor de observación de DDHH a ambos lados de la frontera con la Delegación Diocesana de Migraciones en Nador.

Realizan además acciones de litigio estratégico, con especial relevancia a los casos de libertad de movimiento para solicitantes de asilo y organizan charlas de orientación e identificación y talleres de formación para otras entidades.