Omella plantea avanzar con una regularización extraordinaria de personas trabajadoras migrantes

Acabar con la precariedad laboral, el acceso a una vivienda digna o consolidar un sistema ingresos mínimos, son los deberes que la Conferencia Episcopal Española ha puesto a las administraciones públicas para revertir la pobreza y desigualdades sociales que afectan a nuestro país. Poniendo el foco en las familias que son quienes están sufriendo esta situación y quienes han perdido poder adquisitivo debido, en parte, a la creciente inflación.

Pero hay mas,garantizar la protección de la infancia y la familia para evitar lastrar el futuro de los niños que nacen ya en las familias más vulnerables y avanzar en la regularización de las personas migrantes, dice la Conferencia Episcola Española que esto tendrá efectos positivos, tanto económicos, como de una mayor y mejor integración social

Por todo ello, la Iglesia sigue muy de cerca el trámite en el Parlamento de la Iniciativa Legislativa Popular de Regularización de migrantes. Augustin NDour fue una de las personas regularizadas en 2002 bajo el Gobierno de José María Aznar y, es el primer firmante de esta iniciativa, "sigue su trámite en las Cortes, está en la Asamblea para debatirse porque se paralizó por las nuevas elecciones. Ahora estamos muy ilusionados" cuenta Augustin.

Sin papeles se vive en tensión permanente

Llegó de manera irregular a nuestro país, concretamente a Granada, "cuando uno vive sin documentos, vive en tensión permanente. Pero he tenido mucha suerte porque me regularicé en poco tiempo y pude empezar a trabajar". En el año 2002 consigue la nacionalidad española, "es como estar en una cárcel yq ue te suelten con todos los derechos". Augustin tuvo que trabajar en la calle hasta que le dieron los papeles "fue super complicado, los comienzos son duros pero gracias a Dios he podido salir de aquello por todas las ayudas que he recibido", explica.

En 2023 la población de origen extranjero residente en España asciende a 7.5 millones de personas, cerca del 15% de la población total del país. A esta cifra deberíamos añadir los más de dos millones de jóvenes y niños de la segunda generación de migrantes que, si bien han nacido en nuestro país y son plenamente españoles, sociológicamente están a caballo entre el origen migrado de sus padres y sus contemporáneos nacionales. Con ello, una de cada cinco personas residentes en España tiene origen foráneo. Este hecho, bienvenido y necesario, ha transformado la sociedad española y, con ella, nuestras diócesis, parroquias, y comunidades eclesiales. Todo ello demuestra que somos una tierra de acogida.