El cardenal Leopoldo Brenes califica de "especulación" la liberación del monseñor Rolando Álvarez

El cardenal Leopoldo Brenes ha calificado este miércoles como "especulación" la liberación del monseñor Rolando Álvarez. A lo largo del día se había venido diciendo que Álvarez había abandonado la cárcel, donde habría pasado algo más de tres meses tras ser condenado a 26 años de prisión por su oposición al régimen sandinista de Daniel Ortega.

En torno a las 17:00 horas, el dirigente opositor Félix Maradiaga había asegurado que Álvarez se encontraba en la sede de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en Managua. Horas después, el cardenal Brenes lo ha desmentido. No obstante, no ha negado que haya negociación.

El primer obispo arrestado y condenado de Nicaragua

Rolando Álvarez siempre ha mostrado su oposición al Gobierno de Daniel Ortega, motivo por el que fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión tras ser declarado culpable por delitos considerados "traición a la patria" el pasado mes de febrero, siendo despojado de su nacionalidad. Condena que se produjo en un contexto de constantes ataques y persecuciones por parte del gobierno sandinista a la Iglesia Católica.

Cabe destacar que fue el primer obispo arrestado, acusado y condenado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007.El 19 de agosto se produjo el arresto por parte de la policía junto a otros cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber permanecido quince días confinados.

Su condena, conocida el pasado 11 de febrero, se produjo un día después de que el obispo nicaragüense se negara a subir en un avión privado junto a 222 prisioneros del país que fueron excarcelados y enviados a Estados Unidos. Tras negarse a subir el avión, el presidente Ortega anunció que Álvarez había sido trasladado de su residencia, donde guardaba prisión domiciliaria desde agosto al Sistema Penitenciario Nacional, conocido como la cárcel modelo de Nicaragua.

Además, el obispo nicaragüense fue inhabilitado de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular. "Del mismo modo se declara la pérdida de los derechos ciudadanos del condenado, misma que tendrá carácter perpetuo, todo esto por ser autor del delito de menoscabo de la integridad nacional en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense", según recogía la sentencia.