Nuevo ataque del Gobierno de Nicaragua a la Iglesia: cierra otra sucursal de Cáritas por disminución de fondos
Las relaciones del Gobierno y la Iglesia católica viven ahora momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes
Cáritas ayudando a la población de Nicarag�a
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El Gobierno nicaragüense aprobó el pasado lunes la cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación Cáritas Diocesana de León, una de las ocho sucursales de Cáritas de Nicaragua, la pastoral social de la Iglesia católica, que cerró por disminución de fondos. La cancelación de la personalidad jurídica de Cáritas de León fue acordada por "disolución voluntaria de miembros" y aprobada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial, La Gaceta.
Cáritas de León, cuya diócesis es dirigida por el obispo de la diócesis de León y Chinandega (noroeste), monseñor Sócrates René Sándigo Jirón, tenía su estatus legal desde el 31 de octubre de 2014.
Cáritas de Nicaragua solicitó la cancelación de su personalidad jurídica "por disolución voluntaria", en una sesión extraordinaria celebrada el 31 de diciembre pasado, "por disminución de fondos para cumplir sus fines y objetivos", según el Ministerio de Gobernación.
Es decir, esa solicitud fue hecha en el marco de una masiva ilegalización de ONG nicaragüenses y extranjeras por parte del Gobierno que preside Daniel Ortega y en el contexto de los roces entre el Ejecutivo y la Iglesia católica nicaragüense, que incluye el arresto del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años y 4 mese de prisión por delitos considerados "traición a la patria", tras negarse a ser desterrado.
El pasado 7 de marzo, el Ministerio de Gobernación aprobó la cancelación, también por disolución voluntaria, de la personalidad jurídica de Cáritas de Nicaragua y de la Asociación Cáritas Diocesana de Jinotega (Cáritas Jinotega). Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven ahora momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, o la prohibición de actividades religiosas.
El Papa Francisco tildó de "dictadura grosera" al gobierno sandinista en una entrevista con Infobae, señalando "un desequilibrio de la persona que dirige" el país centroamericano.