La relatora de la ONU denuncia que están arrestando a cristianos en Eritrea

Muchos en Eritrea, especialmente los más jóvenes, pero también fuera de ella pensaron que la esperada paz con la vecina Etiopía terminaría por traer cambios dentro del país. Lleva gobernado con puño de hierro por Isaias Afewerki desde 1993. Un año después del histórico acuerdo con el primer ministro etíope Abiy Ahmed, no se ha materializado ningún cambio y no parece que las autoridades eritreas tengan voluntad de acometerlos. Mientras tanto, siguen imponiendose limitaciones a los cristianos y a la Iglesia.

"Hemos visto un principio de diálogo con el mundo exterior, lo cual es muy positivo", después del acercamiento registrado tanto con Etiopía como también con Somalia y de la visita de delegaciones oficiales de otros países, "pero no he visto cambios a nivel de la situación interna", en particular en lo que se refiere a los derechos cívicos y políticos, resume en una entrevista concedida a Europa Press la relatora especial de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en Eritrea, Daniela Kravetz.

"Inicialmente había mucha esperanza de que hubiera cambios o reformas en algunos de los principales problemas y preocupaciones en materia de Derechos Humanos en el país", señala por su parte la investigadora para el Cuerno de África de Human Rights Watch (HRW), Laetitia Bader, pero no ha sido el caso. El hecho de que el "éxodo" de eritreos que abandona el país no haya cesado, añade, "es muy significativo de la falta de reformas".

Todos los ojos estaban puestos en el servicio militar obligatorio, que por ley debería durar 18 meses pero que en la práctica tiene carácter indefinido y suele prolongarse durante años. El principal argumento del Gobierno eritreo en su defensa era que el país seguía en situación de guerra con Etiopía, recuerda Bader, pero aunque ya no es el caso, no se ha suprimido.

La perspectiva de verse enrolado en el Ejército durante años, algo que comienza en el último año de instituto, es uno de los factores importantes que explican la salida de muchos eritreos del país. "Influye en la posibilidad de los jóvenes de construir un proyecto de vida, de determinar su futuro y de hacer cosas que para la juventud en cualquier otra parte son básicas", destaca la relatora de la ONU.

Muchos de los que han salido del país este último año siguen siendo "adolescentes que tendrían que ingresar en el servicio militar y jóvenes que ya han sido reclutados", añade Kravetz, que recalca que "no todos se quieren ir sino que les gustaría quedarse en el país y poder hacer su vida".

"LOS JÓVENES NO TIENEN ESPERANZA"

"Los jóvenes no tienen esperanza", coincide Bader, lo que explica el "éxodo continuado" que envía el mensaje de que "la única manera de escapar del Gobierno es huyendo del país".

Un buen ejemplo, según la investigadora de HRW, es el de los profesores, la mayoría de los cuales son reclutas. Aunque se les pueda ver como "afortunados" porque pudieron cursar una carrera universitaria, lo cierto es que se les fuerza a trabajar en algo que no eligieron durante años y son enviados lejos de sus familias, sin apenas oportunidad de abandonar este trabajo, resume Bader.

Pero el servicio militar obligatorio no es el único problema en materia de Derechos Humanos en el país, sostiene la relatora de la ONU. Así, destaca que hay presos políticos, que la libertad de asociación y de reunión está férreamente controlada y que no existe libertad de prensa, puesto que el país carece de medios independientes desde 2001.

"Años de represión contra cualquiera que se percibe como contestatario frente al Gobierno han tenido un impacto en el pensamiento crítico de la población y su voluntad de protestar dados los riesgos de represalia y de represión", subraya la investigadora de HRW.

Las dos coinciden en que el Gobierno ha respondido con mano dura a los conatos de protestas que se han producido, como ocurrió en Asmara a finales de 2017 con las protestas por la decisión del Gobierno de asumir el control de una escuela islámica en la capital. Dos de los detenidos, entre ellos el presidente del centro, han muerto bajo custodia, según el último informe presentado por Kravezt al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que esta semana revalidó su mandato por un año más.

También se han producido en mayo y junio pasados "arrestos de cristianos que estaban reunidos en oración, algo que no está tolerado", destaca la relatora, que denuncia también las limitaciones que en las últimas semanas el Gobierno ha impuesto a la Iglesia Católica después de que en abril los obispos publicaran una carta "pidiendo reformas y un plan integral de verdad y reconciliación para que la gente dejara de huir del país".

El 12 de junio, el Gobierno ordenó la apropiación de todos los centros de salud gestionados por la Iglesia Católica --un total de 21 emplazados en zonas rurales y en funcionamiento desde los años 1990-- con el argumento de que solo el Estado puede ofrecer este tipo de servicios, pero no deja de ser "un poco extraño" que adopten la medida semanas después de la carta de los obispos, admite Kravetz.

La investigadora de HRW coincide en que es "lamentable" lo sucedido y que también pone de manifiesto "la voluntad de controlar cualquier entidad que está fuera de la esfera gubernamental". "Es una mala señal", añade.

NO SE PUEDEN DESCARTAR PROTESTAS

Sin embargo, la relatora de la ONU no descarta que los eritreos, que son personas "muy orgullosas de su país y que quieren que el país salga adelante", hartos de que "las cosas no avancen y si no se empiezan a sentir los dividendos de la paz con Etiopía" puedan terminar por una "mayor vocalización de sus demandas".

"No tiene por qué ser un levantamiento como el que vimos en Sudán", añade Kravezt, que antes de su puesto actual trabajó en este país como miembro de un grupo de expertos por orden del Consejo de Seguridad. "Nunca pensé que Al Bashir saldría del poder como lo hizo", asegura, en referencia al presidente Omar Hasán al Bashir, derrocado en un golpe militar el 11 de abril tras meses de protestas en las calles. "Todo es posible", acota.

Existe un "cansancio" tanto dentro del país como entre la diáspora pero los cambios no pueden llegar impuestos desde fuera del país. "Los avances tienen que venir de dentro de Eritrea", recalca la jurista chilena. "No creo que haya en este momento ningún actor regional o internacional que pueda influir e imponer una agenda" al Gobierno de Afekerwi, agrega.

Kravetz lamenta particularmente la negativa de las autoridades eritreas a permitirle visitar el país. En su opinión, Eritrea debería ver su mandato no como "una imposición de la comunidad internacional sino como una oportunidad de poder avanzar y desarrollar una agenda de Derechos Humanos".

"Desgraciadamente no estamos ahí todavía", lamenta, subrayando que su mandato solo puede suprimirse si "el país muestra señales de cambio" pero Asmara no parece no haberlo comprendido. "Es lamentable que ellos sigan sin cooperar hasta el momento", admite Kravetz, que tampoco ha podido visitar Etiopía aunque espera que haya una pronta respuesta a su petición en ese sentido.

En Eritrea "hay una situación que espero que en algún momento cambie pero sinceramente en este momento no se ve ninguna expectativa de mejora ni cambio", reconoce con pesar Kravetz, que cree que "sería positivo" que cooperaran con ella y con otros mecanismos en materia de Derechos Humanos, pero también enviaría una "señal positiva el que comiencen a liberar a presos políticos y personas detenidas de forma arbitraria".

Por ahora, "no hay muestras de que exista esa voluntad de cooperar pero yo espero que eso cambie", afirma. "Como vimos en Sudán, todo es posible y soy optimista de que en algún momento, quizá no este año, los cambios vendrán", remacha.