Una joven con discapacidad intelectual, a punto de ser obligada a abortar

La joven podrá seguir adelante con su embarazo, una vez que la Corte de Apelación ha dado la razón a la familia. Y es que la embarazada, una veinteañera cuya identidad no ha sido revelada, quiere tener al bebé. En todo momento ha contado con el apoyo de su madre y de los Servicios Sociales, que han garantizado los cuidados adecuados para el pequeño. Ella tiene discapacidad intelectual, que ha sido descrita como trastorno de aprendizaje "moderadamente severo" y un trastorno del estado de ánimo. No han trascendido más detalles. Solamente que vive en Londres.

Pero la semana pasada intervino la juez del Tribunal de Protección y ordenó poner fin a la vida del niño. Se basaba en la opinión de tres especialistas -un obstetra y dos psiquiatras- según los cuales había un riesgo para la salud mental de la mujer embarazada y temían que su comportamiento pudiera representar un riesgo para el bebé. La abuela, de origen nigeriano y comadrona de profesión, se negó a aceptar esta imposición y acudió a una instancia superior. Ahora, el fallo ha sido revocado y calificado de “erróneo”.

Los jueces que han permitido que el embarazo prosiga han asegurado que más adelante darán a conocer la motivación completa de su decisión, pero que las circunstancias del caso son "únicas".

La juez Lieven, encargada de tutelar los derechos de la madre en cuanto mujer adulta vulnerable, reconocía hace pocos días que la decisión que había tomado era “enorme” pero insistía en que abortar era lo más conveniente para los intereses de la mujer embarazada.

El Obispo John Sherrington, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Westminster y encargado de los asuntos relacionados con la defensa de la vida en la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales ha emitido un comunicado en que acoge con satisfacción la decisión de los tres jueces del Tribunal de Apelación de anular la decisión inicial de la juez Lieven:

“Es sorprendente y chocante que el Sistema Nacional de Salud trate de poner fin a un embarazo saludable en contra de los deseos de la mujer embarazada, su madre y su trabajadora social”.

“Forzar a una mujer a abortar en contra de su voluntad y de la de su familia cercana habría violado sus derechos humanos y el derecho de su hijo nonato a vivir en una familia que se ha comprometido a cuidar a este niño. En una sociedad libre como la nuestra, existe un delicado equilibrio entre los derechos del individuo y los poderes del Estado, y el fallo inicial altera ese equilibrio. Por lo tanto, me complace que la reciente sentencia haya tenido en cuenta el interés superior de la mujer y haya defendido sus derechos en este caso”.

“Este caso plantea cuestiones fundamentales de derechos humanos, y ahora es urgente que el Gobierno aclare cuáles son los límites de las facultades del Sistema Nacional de Salud para obligar a abortar a las mujeres que no lo deseen”.

La prensa británica ha denunciado el pasado de la juez Lieven como activista pro aborto.