El gobierno de Nicaragua ordena el cierre del canal de televisión de la Iglesia

En los últimos días en Nicaragua se ha recrudecido la persecución contra la Iglesia. El gobierno del presidente Daiel Ortega ha intensificado el acoso a algunos sacerdotes y ha ordenado al Instituto Nicaragüense y Correos (Telcor), de titularidad pública, que suprima el servicio del Canal 51, la televisión del episcopado.

Los señalados por el régimen esta vez son el obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, Rolando José Álvarez, y el sacerdote Harvy Padilla, párroco de la emblemática iglesia San Juan Bautista de Masaya, símbolo de resistencia en las protestas de hace unos años.

Monseñor Álvarez denunció el acoso policial que está sufriendo en la noche del 19 de mayo. Lo hizo a través de un video en el que informa de que ese día fue seguido durante toda la jornada por efectivos de la seguridad del Estado que también intimidaron a su familia. Acudió a refugiarse a la parroquia del Santo Cristo de Esquipulas, en Las Colinas, a las afueras de Managua, en la jurisdicción del obispo Carlos Avilés, y desde allí anunció que iba a iniciar un «ayuno indefinido» (solo agua y suero) como medida de protesta. Esta medida de presión —indicó— durará hasta que las autoridades le transmitan a través del presidente o del vicepresidente de la Conferencia Episcopal, y solo por esa vía, «que van a respetar mi círculo de privacidad familiar». «Los agentes que me siguen me dicen que es por seguridad, pero la inseguridad en este país es la policía», afirmó.

El Gobierno quiere «una Iglesia muda»

Monseñor Álvarez es el responsable del área de Comunicación de la Conferencia Episcopal y, por tanto, el máximo responsable del Canal 51. El anuncio de la intervención gubernamental de la televisión se produjo al día siguiente de que el obispo difundiera ese video. Lo que quiere el Gobierno, denuncia, «es una Iglesia muda que no anuncie la esperanza del pueblo» y no denuncie «las estructuras de injusticia».

No es la primera que Álvarez está en el punto de vista del sandinismo. «En 1983 —ha recordado en las redes sociales otro sacerdote crítico, el padre Edwin Román— ingresé al Seminario, y un día vi llegar a un joven a refugiarse a este centro de formación; él huía de la persecución sandinista, era el muchacho que coordinaba a nivel nacional los grupos juveniles católicos. Ese día conocí a quien años después será Mons. Rolando Álvarez».

Desde Miami, el obispo auxiliar de Managua Silvio José Báez, ha dicho en Twitter que «aunque la dictadura saque del aire al Canal Católico, todo será inútil», pues «la Iglesia seguirá proclamando el Evangelio de la esperanza y de la justicia».

El Padre Padilla también ha denunciado acoso y persecución por parte de policías y paramilitares afines al régimen.

Conferencia Episcopal: «Nuestro deber es anunciar la verdad del Evangelio».

Las muestras de solidaridad a los acosados están siendo muy numerosas. La Conferencia Episcopal Nicaragüense indica en un comunicado que «estamos viviendo momentos difíciles como nación y nuestro deber como Iglesia es anunciar la verdad del Evangelio», de ahí que acompañe con la oración «a cada hermano que se asocia a los padecimientos de Cristo».

La archidiócesis de Managua ha expresado su cercanía tanto al prelado como al padre Padilla y a sus feligreses de Masaya, pues viven —dice— «un ambiente de zozobra por su seguridad personal y la imposibilidad de ejercer su derecho a vivir y celebrar su fe en un ambiente de paz y libertad». La sede que pastorea el cardenal Brenes invita a la policía nacional a «deponer esa actitud innecesaria» hacia los pastores católicos, y llama a rezar por «un clima de entendimiento».

El clero de la diócesis de Matagalpa, por su parte, afirma que la persecución busca acallar a estos hermanos en su servicio a la verdad, al tiempo que denuncia que «la situación que vive el país no es la mejor para expresar el pensamiento en voz alta». «Pedimos a las autoridades implicadas que cesen en este comportamiento y permitan respetuosamente que cada hermano pueda desarrollar sus derechos, libertades y garantías humanas y constitucionales sin obstáculos y temor».

Los episcopados de Costa Rica y Panamá también han transmitido su cercanía y solidaridad a los afectados.

En marzo fue expulsado el nuncio

A principios de mayo, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó un informe que denunciaba la participación de obispos y sacerdotes en las protestas populares de 2018, percibidas por el régimen como un intento de golpe de Estado. La represión de aquellas movilizaciones dejó casi 400 muertos y decenas de detenidos.

La Iglesia, varios de cuyos miembros actuaron entonces como facilitadores del diálogo, es ahora perseguida. En el pasado, Ortega se ha referido a los obispos como «terroristas» y «demonios con sotana».

En marzo de este mismo año, el gobierno expulsó al nuncio en el país, el polaco Waldemar Sommertag. La Santa Sede calificó esa decisión de «incomprensible». En una nota dijo que el diplomático había trabajado siempre por el bien de la Iglesia y del pueblo de Nicaragua, recordando su participación «como testigo y acompañante» en la citada mesa de diálogo y sus esfuerzos por la reconciliación nacional y la liberación de los presos políticos.