Iglesia de Inglaterra: «Esta política migratoria debería avergonzarnos como nación»

Arrecian las críticas al gobierno británico por el acuerdo migratorio alcanzado en abril con Ruanda, que contempla la deportación al país africano de los solicitantes de asilo. Si hace unos días eran los líderes católicos los que denunciaban lo inhumano de la medida, ahora es la Iglesia de Inglaterra la que condena con contundencia el plan migratorio de Boris Johnson. «Esta política migratoria debería avergonzarnos como nación», escriben los principales líderes anglicanos en una carta remitida a The Times.

«Son personas desesperadas que huyen de horrores indecibles. Muchos son iraníes, eritreos y sudaneses, que tienen una tasa de tasa de concesión de asilo de al menos el 88%. Estas son las personas que Jesús tenía en mente cuando dijo que cuando ofrecemos hospitalidad a un extranjero, lo hacemos por Él», indican.

El escrito reprobatorio está firmado por los 25 obispos que se sientan como Lores Espirituales en la Cámara de los Lores (un escaño está actualmente vacante), entre ellos los arzobispos de Canterbury, Justin Welby, y York, Stephen Cottrell, números 1 y 2 anglicanos tras la cabeza de esta Iglesia, la reina Isabel II.

«No podemos ofrecer asilo a todo el mundo, pero no debemos externalizar nuestras responsabilidades éticas, ni descartar el derecho internacional, que protege el derecho a solicitar asilo», insisten. «Los que van a ser deportados a Ruanda no han tenido oportunidad de apelar, o reunirse con su familia en Gran Bretaña. No han tenido ninguna consideración a su solicitud de asilo, el reconocimiento de sus necesidades médicas o de otro tipo, ni ningún intento de comprender su situación».

Deportación paralizada por la Justicia europea

El pronunciamiento eclesial data del 14 de junio, horas antes, por tanto, de que una orden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haya impedido esta madrugada la salida del primer vuelo de deportados hacia Kigali. El Tribunal ha comunicado al gobierno británico que una de las personas que debían viajar en ese vuelo, un ciudadano iraquí que había solicitado asilo a su llegada al país el pasado 17 de mayo, no debe ser expulsado hasta que transcurran al menos tres semanas desde el fallo definitivo de su proceso judicial, que está en curso.

Downing Street ha anunciado que no descarta la posibilidad de abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos para hacer valer su proyectada política de expulsiones. Argumenta que la atención de los inmigrantes le cuesta a las arcas públicas 1.500 millones de libras esterlinas al año (1.700 millones de euros).

El argumento económico no parece convencer a nadie, máxime cuando según cálculos de algunos medios el coste de ese primer vuelo, en el que iban a viajar siete personas, ascendía a 580.000 euros. Entre los numerosos detractores del acuerdo migratorio estaría también el príncipe Carlos, el heredero al trono, quien según ha informado The Times lo calificó hace unos días en una conversación privada de «espantoso». El imán Qari Asim de la mezquita de Leeds, uno de los clérigos musulmanes más reputados de Gran Bretaña, ha dicho también que esta política «desafía nuestra conciencia humana y nos obliga a defender la dignidad» de estas personas.

El arzobispo Welby, que ya criticó duramente el gobierno en su homilía del Domingo de Resurrección, ha dicho que «el plan se presenta como una respuesta humanitaria para combatir la trata y el tráfico de personas», pero que en realidad solo servirá para agravar «el sufrimiento de quienes ya son víctimas». Y el obispo Soutwark preguntó al ministro en su intervención de ayer en la Cámara de los Lores si estaba de acuerdo en que no existen los solicitantes ilegales de asilo, sino simplemente los solicitantes de asilo.