Malasia y la República Centroafricana eliminan la pena de muerte de sus legislaciones

«La Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que “la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona”, y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo». Esto es lo que dice el número 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica tras su nueva redacción de 2018. Pese a ello, el año pasado fueron asesinadas legalmente por los Estados miles de personas. Las ejecuciones de 579 de ellas han podido ser documentadas por Amnistía Internacional, pero miles de muertes escaparon a su control en países como China —el que más aplica la pena de muerte con diferencia—, Corea del Norte o Vietnam. En 2021 había condenadas a muerte en el mundo al menos 28.670 personas.

No obstante, y según esta organización internacional, «la evolución mundial de la pena de muerte en los últimos años confirma que el mundo avanza de forma continuada hacia la abolición».

Malasia y la República Centroafricana han sido los dos últimos países en incorporarse al cada vez más numeroso club de países abolicionistas. Con ellos son ya 144 las naciones que bien la han suprimido de sus legislaciones o que, sin haberlo hecho, ya no la aplican de facto.

Malasia: Obligatoria para 11 delitos

El gobierno de Malasia anunció su decisión el pasado 6 de junio. Allí la pena de muerte podía aplicarse hasta ahora a 33 delitos. De hecho, en 11 de ellos, considerados de especial trascendencia social, los jueces estaban obligados a decretarla, según AsiaNews. El narcotráfico, uno de esos delitos especialmente graves, era el responsable de la inmensa mayoría de condenas a muerte. Actualmente esperaban allí en el corredor de la muerte 1.281 reclusos, y el 73% de ellos tenían sentencias relacionadas con las drogas. Según Amnistía, desde la independencia del país en 1957 han sido ejecutados en Malasia 469 presos.

Kuala Lumpur llevaba cuatro años trabajando en su reforma del sistema penal. El país tiene 31 millones de habitantes, siendo la mayor parte de ellos musulmanes (61%) y budistas (20%). Los cristianos, el 9,2% de la población, unos 2,6 millones, se concentran sobre todo en el este, en los Estados de Sahab y Sarawak, en la gran isla de Borneo.

En Asia, la pena de muerte está legalmente abolida en países como Nepal, Bután, Filipinas, Camboya, Singapur, Tailandia o Timor Oriental. Otras tres naciones —Brunei, Laos y Myanmar— la tienen en sus leyes, pero llevan sin ejecutar a nadie más de 25 años. No obstante, este último país, la antigua Birmania, ha anunciado que se dispone a ahorcar a cuatro personas, dos de ellas líderes de la oposición a la dictadura y el golpe militar del año pasado.

República Centroafricana: vigésimo cuarto país africano abolicionista

En la República Centroafricana, la Asamblea Nacional decretó la abolición de la pena de muerte el pasado 27 de mayo, día en que aprobó por unanimidad una ley que declara ilegal también la tortura. Es el vigésimo cuarto país africano que lo hace.

Aunque seguía legalmente vigente, el gobierno de Bangui llevaba mucho tiempo sin llevar a cumplimiento una pena capital. La última ejecución data de 1981, cuando fueron fusiladas seis personas condenadas por asesinato.

Varios países africanos más, como Ghana o Zambia, preparan códigos penales que excluyen la pena de muerte. El presidente zambiano, Hakainde Hichilema, ha conmutado la sentencia de 30 presos que debían ser ajusticiados. Chad abolió la pena capital en 2020 y Sierra Leona en 2021.

En el extremo opuesto están países como Egipto, Camerún, Botsuana, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. Camerún confirmó la pena de muerte para delitos relacionados con el terrorismo en 2014. Y Amnistía denuncia que Egipto sigue recurriendo «a la tortura y a las ejecuciones masivas, a menudos tras juicios injustos».

La pena de muerte es un castigo cruel e inhumano que, además, no resulta eficaz para el objetivo que persigue: servir de advertencia ejemplarizante y evitar la comisión de nuevos delitos.

El Catecismo de la Iglesia Católica afirma: «Hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces, que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que, al mismo tiempo, no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente».