Arranca en el Vaticano el primer proceso civil contra un cardenal tras una extensa investigación

Hoy ha arrancado en el Vaticano el primer proceso civil contra un cardenal. Un total de 10 personas son imputadas por presuntos delitos financieros relacionado con inversiones inmobiliarias. En este proceso se juzga al cardenal Ángelo Becciu por delitos de soborno, abuso de oficio y malversación.

La vista, presidida por Giuseppe Pignatone (con los jueces Venerando Marano y Carlo Bonzano al margen), duró siete horas, desde las 9.41 hasta las 16.45, en presencia de una treintena de abogados, periodistas, gendarmes y sólo dos de los diez acusados: monseñor Mauro Carlino, en la sala a primera hora de la mañana, y el cardenal Giovanni Angelo Becciu, ex vicesecretario de Estado, acusado de malversación, abuso de funciones también en grado de complicidad y soborno.

La Fiscalía del Vaticano llevó a cabo una extensa investigación de casi dos años en la que llegó a solicitar la colaboración internacional para seguir el rastro del dinero. Unas pesquisas condujeron al Fiscal Vaticano a lugares como Emiratos Árabes, Suiza, Jersey o Reino Unido.

La señal de alarma llegó en 2019 desde el Banco Vaticano y la oficina del Auditor General cuando detectaron algo turbio en la gestión económica que la Secretaria de Estado estaba llevando a cabo con fondos para la beneficencia como el Óbolo de San Pedro. Por entonces, Angelo Becciu era el responsable último de estas inversiones como sustituto para asuntos generales de la Secretaria de Estado.

Otros nueve acusados se sentaron en el banquillo a lo largo de este maxi proceso cuyo grueso tendrá lugar en otoño. Veremos entonces por primera vez a un cardenal ante la Justicia ordinaria del Estado Vaticano ya que en abril el Papa Francisco, a través de un Motu Proprio, reformó el código penal para evitar que los cardenales fueran juzgados por una Corte especial formada por otros purpurados.

En su solicitud de apertura del juicio los magistrados vaticanos observan "cómo la Secretaría de Estado utilizó los fondos recibidos para fines de beneficencia (Fondo Óbolo y fondos sin títulos), que por su naturaleza no son susceptibles de ser utilizados con fines especulativos, para realizar operaciones de altísimo riesgo financiero y, en todo caso, con fines ciertamente incompatibles con los de los donantes originales", es decir, con el "objetivo principal de apoyar las actividades religiosas y caritativas del Santo Padre".

Las observaciones de los abogados fueron contestadas por Paola Severino, ex ministra de Justicia italiana y abogada del demandante civil de la Secretaría de Estado, quien reiteró la legitimidad de la incorporación de APSA como demandante civil en virtud del Motu proprio del Papa del 26 de diciembre de 2020, que transfirió los fondos e inversiones de la Secretaría de Estado a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. "En el caso de las indemnizaciones a la Secretaría de Estado, que ya no son titulares de bienes, se temía que hubiera excepciones de legitimidad. De ahí la creación de la Apsa". En cuanto al hecho de que el Vaticano sea un "tribunal especial", la profesora reiteró la "fuerte connotación moral" del proceso en curso y, en varias ocasiones, sobre la validez de los rescriptos del Papa, subrayó que "el Papa es el legislador, como ha ocurrido en todos los procesos en el Vaticano".

También estuvo presente en la sala, en nombre del IOR, el abogado Roberto Lipari, quien subrayó que el Istituto per le Opere di Religione es una "parte perjudicada": "La tarea del IOR es salvaguardar los bienes destinados a obras religiosas y caritativas. El uso ilícito de los activos del IOR está perjudicando la capacidad del IOR - que no forma parte ni de la Santa Sede ni del Estado de la Ciudad del Vaticano - para establecer nuevos contactos y relaciones".