Un juzgado de Valladolid prohíbe al Ayuntamiento retirar símbolos religiosos de espacios públicos

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valladolid ha anulado la retirada de símbolos religiosos de los espacios públicos y ha rechazado dejar de promover actos religiosos, aspectos que había aprobado el Ayuntamiento de Valladolid.

La sentencia estima así parcialmente el recurso interpuesto por la Asociación Española de Abogados Cristianos contra el acuerdo del pleno del consistorio vallisoletano de 10 de septiembre de 2018 tras una moción de "Sí se puede" para el "impulso de la libertad de conciencia y el carácter laico" del Ayuntamiento de Valladolid.

Así consta en el fallo de la resolución judicial, facilitada este lunes por la Asociación que presentó el recurso, en el que el Juzgado declara que los subapartados 2.a y 2.b de la moción son "contrarios a derecho y se declaran nulos, por vulneración de los derechos fundamentales" previstos en los artículos 16 y 20 de la Constitución española.

El primer apartado, ahora anulado, se refería a que en los espacios de titularidad pública que dependieran del consistorio no existiría simbología religiosa, salvo aquella que significara un bien patrimonial e histórico especialmente contrastado, que sería convenientemente protegido o conservado, o cuando formen parte de los elementos estructurales o artísticos de la edificación. El punto b se refería que no se promovieran, por parte del Ayuntamiento, ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo, excepto aquellos que constituyan un patrimonio cultural o artístico de interés reconocido, siendo todos los actos organizados por el Ayuntamiento exclusivamente de carácter civil.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha manifestado en un comunicado que esta sentencia "sienta un precedente para todos los Ayuntamientos que estaban empezando a quitar símbolos católicos de espacios públicos". Castellanos ha pedido además responsabilidades políticas al considerar "muy grave" que un consistorio apruebe mociones que van "en contra de la Constitución y vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos".