La clase de Religión, las encuestas,los datos reales y los derechos ? editorial Ecclesia

La clase de Religión, las encuestas,los datos reales y los derechos

Hubiéramos preferido no dar publicidad a la siguiente cuestión. Pero es tal el grado de perplejidad que nos ha producido que no podemos por menos que denunciar su carácter falaz y malintencionado. Tanto en su edición impresa como digital, El País ofrecía días atrás, en primer plano y a bombo y platillo, los resultados de una encuesta, encargada por el diario, sobre la clase de Religión y su condición, si llega buen puerto la LOMCE (ver editorial de la pasada semana), de asignatura plenamente evaluable. Según un estudio elaborado por Metroscopia, mediante 600 entrevistas telefónicas y con un margen de error ?según la citada empresa demoscópica?- de más/menos 4,1 puntos, el 70% de los españoles rechaza que la Religión sea una asignatura que cuente como cualquier otra a la hora de calcular la nota media o solicitar becas.

Sin entrar a valorar el estudio sociológico en sí mismo ?todo depende de a quién se llama, de qué pregunta en concreto se formula y cómo se formula y la posterior y ya bien consabida "cocina" al gusto de quien paga la encuesta-, este resultado contrasta diametralmente con la realidad y con la objetividad de datos, no solo de los datos del presente curso escolar, sino con los que cada año se vienen realizando, no sobre sondeos y opiniones, sino contando uno a uno el número de alumnos que realmente están matriculados en esta asignatura.

¿Qué cuáles son estos datos? Los últimos, los del presente curso académico, los publicamos en el número 3.666/67, páginas 14 y 15 de ECCLESIA. Y sus resultados son práctica y exactamente los opuestos a los que la encuesta de El País acaba de mostrar. En el conjunto de los centros educativos españoles, casi dos de cada tres alumnos eligen cursar voluntariamente la asignatura de Religión Católica (el 66,7%). Con respecto al año pasado, las cifras bajan en los centros estatales, mientras que suben un 3% en los centros de iniciativa social-entidad titular católica y un 1,7% en los de iniciativa social-entidad titular civil. Estos datos, reales, cuantificables, no encuestas ni "cocinas", son muy similares ?en este presente curso con un pequeño descenso- a los que vienen produciéndose desde hace años y décadas: dos de cada tres alumnos cursan voluntariamente ?repitamos este adverbio porque tiene toda su fuerza y sentido- la clase de Religión.

¿Cómo es posible entonces que los padres de estos alumnos, o ellos mismos si ya están en edad de realizar la opción, cursen una asignatura cuyo carácter plenamente evaluable y académico, según la encuesta de marras de El País, rechazan? ¿Se apuntan a ella a perder el tiempo o por masoquismo, máxime cuando hasta ahora la alternativa académica a esta asignatura brillaba por su ausencia? ¿Tiene más valor una muestra demoscópica de 600 llamadas telefónicas, sin saber además qué es exactamente lo que se ha preguntado, al "referéndum" constante, anual que significa el hecho de que cada curso escolar padres y alumnos son preguntados si eligen o no libremente esta asignatura? ¿A quién se pretende engañar con encuestas e intoxicaciones de esta naturaleza? ¿A quién y por qué molesta -¡y tanto!- la clase de Religión? ¿Bajo qué argumentos democráticos se puede encizañar y luchar contra ella? Lo hemos dicho y lo hemos repetido y lo repetiremos hasta la saciedad: son los padres quienes tienen el derecho a educar a sus hijos según sus creencias; no el Estado, ni las ideologías ni sus terminales mediáticas. Este es el derecho fundamental de las personas, recogido así por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y por la misma Constitución española de 1978 (artículo 27, párrafo 3). ¿Qué es entonces lo que se pretende?

En la página 11 de este mismo número recogemos, a tenor de nota de prensa emitida por la emisora, unas declaraciones a la Cope COPE del obispo secretario general de la CEE. Preguntado acerca de por qué está asignatura ha de ser evaluable, monseñor Martínez Camino ofreció las dos respuestas claves y fundamentales. En primer lugar, porque sería un contrasentido ofrecer una asignatura y después desposeerla de mecanismos de evaluación y superación, como acontece con el resto de las materias académicas. Y en segundo lugar, porque "si la escuela misma no evalúa, se le crea un problema de disciplina, una disfunción escolar".

¿Tan difícil es de entender esto? ¿Tan difícil es regular y respetar los derechos?

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