¿Hay aún margen para la LOMCE no discrimine a la Religión en Bachillerato?

¿Hay aún margen para la LOMCE no discrimine a la Religión en Bachillerato?

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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El jueves 31 de octubre la "suerte" parlamentaria de la LOMCE en el Senado quedaba echada. El PP ?el resto de los partidos políticos, tampoco- no introducía ninguna enmienda parcial encaminada a que la asignatura de Religión sea de oferta obligatoria en Bachillerato. Esto significa que el pleno del Senado no modificaría el proyecto de ley remitido por el Congreso; y, por ello, la asignatura de Religión sería una de las catorce optativas que los centros de enseñanza ofertaría a sus alumnos para elegir de entre ellas tan solo tres.

De este modo, y como hemos venido informado (ver, por ejemplo, la página 11 de nuestro número 3.698) los alumnos de la asignatura de Religión -Religión Católica u otra- quedarían discriminados, y no se cumplirían, no solo los Acuerdos Iglesia-Estado, sino la misma disposición adicional 2 de la LOMCE. "La enseñanza de la Religión Católica ?señala textualmente dicha disposición- se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español (…) y se incluirá la Religión Católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos".

¿A qué se debe esta contradicción? ¿Se trata de una cicatería, de una maniobra política para no soliviantar más a los detractores ?por cierto, tantos y tantos- de la LOMCE, de una voluntad deliberada de no hacer bien del todo las cosas, o a complejos varios? No sabemos ni prejuzgamos. Pero lo que sí sabemos es que se trata de una decisión injusta, que, ojalá, todavía, aunque es poco probable técnicamente, pueda subsanarse bien por vía parlamentaria o bien por vía de reglamentación. Todo depende de la voluntad política al respecto. Y la voluntad política nunca debería incurrir en contradicción ni actuar en contra de lo pactado y de la integridad de los derechos, en este caso, de los alumnos y de los padres.