Son los padres, no los Gobiernos, los depositarios del derecho a la educación ? editorial Ecclesia

Son los padres, no los Gobiernos, los depositarios del derecho a la educación ? editorial Ecclesia

Si ya en el Editorial del anterior número de ecclesia, recordábamos, a propósito del derecho a la vida y a su crasa e inmoral vulneración a través de la eutanasia, que los derechos son realidades objetivas, permanentes, insertas en la naturaleza humana y, por ello, siempre inalienables e inalterables, y que los legisladores y políticos no pueden ni inventárselos ni derogarlos, sino servirlos y promoverlos, ahora nos podríamos encontrar ante un escenario similar de arbitrariedad política.

Es en relación al derecho a la educación, recogido por la Constitución española en su artículo 27 y por la Declaración universal de los derechos humanos en su artículo 28. Y ello, a propósito de una declaración de intenciones recientemente realizada en el Congreso de los Diputados por la nueva ministra de Educación del Gobierno de España, Isabel Celaá.

En particular, las alarmas se han disparado acerca de tres ideas y propuestas lanzadas por la ministra. La primera, la eliminación del criterio de demanda social -elección de las familias- a la hora de mantener los conciertos educativos. En segundo lugar, poner fin a los colegios de educación diferenciada (esto es, con aulas separadas para alumnos y para alumnas). Y, por último, desposeer a la asignatura de Religión de su condición evaluable y con ello plenamente académica. Tres ideas y propuestas de la ministra Celaá, que, bueno será recordarlo, contradicen distintas sentencias del Tribunal Constitucional, que avala la legitimidad del vigente ejercicio actual de las mismas.

Y ello es así porque no es el Estado quien debe elegir ni imponer el modelo educativo, sino los padres de los alumnos quienes deben, en primera y fundamental instancia, optar al respecto, tanto en la elección de centros como en la educación moral y religiosa.

De este modo, la educación religiosa ha de ser aquella que los padres decidan para sus hijos, y que, en España, en torno al 65% de los casos, se concreta, por voluntad de los padres, en la asignatura de Religión católica. Y esta asignatura ha de tener, como ha reclamado el Comité Ejecutivo de la CEE, "una consideración adecuada en el sistema educativo" ya que "es necesaria para una formación integral de la persona, según la libre decisión de los padres, y no puede ser sustituida por una ética del Estado impuesta por los poderes públicos".

Y es que, como ha recordado también el obispo presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, la enseñanza de la religión es un elemento "indispensable para el pleno desarrollo de la personalidad humana, que, según la Constitución, es el objeto de la educación". Ello y la misma estabilidad, equilibro y equidad del conjunto de la oferta educativa obligan a que la clase de Religión (tanto la católica como la de cualquier otra confesión) sea "una asignatura computable como las demás".

En relación con la enseñanza concertada, es imprescindible tener en cuenta que esta no es tampoco una concesión o un privilegio, sino un derecho. Es un fruto, una expresión indiscutible de la libertad de enseñanza, que implica, por una parte, la libertad de creación de centros y, por lo tanto, de oferta de un proyecto educativo concreto; y por otra, la libertad de las familias a elegir para sus hijos el tipo de centro conforme a sus convicciones y deseos. Y, ha recordado en este mismo contexto Escuelas Católicas, "para hacer posible el ejercicio de estos derechos en todas las capas sociales, en una enseñanza obligatoria y gratuita, es imprescindible la financiación pública en los centros que cumplan los requisitos constitucionales".

Además, la escuela concertada es altamente demandada por la sociedad española -un 26% de familias escolariza a sus hijos en ella- y demuestra eficiencia, equidad y calidad al servicio del bien común. Y la gestión de los colegios de iniciativa social regidos por la Iglesia católica ?la mayoritaria en este sector- amén de educar a más de millón y medio de niños, adolescentes y jóvenes y de generar unos 103.000 puestos de trabajo, devuelve a la sociedad cuatro veces de lo que se invierte en ellos (una estimación de 19.735 millones de euros ante los 4.866 millones de euros percibidos).

Y este es el verdadero y efectivo derecho a la libertad de enseñanza. Y los Gobiernos de turno han de respetarlo, sin caer en tentaciones y legislaciones estatalistas que intenten ideologizar y suplantar los derechos de los padres.