La clase de Religión es un derecho fundamental ? editorial Ecclesia

En la página 10 de este número, informamos sobre algunos contenidos y reacciones acerca del anteproyecto de de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Una de las reformas que propone el Ejecutivo afectaría a la clase de Religión, postergada y marginada académicamente desde hace dos décadas al perder su condición de asignatura plenamente evaluable como las demás y por el hecho de verse desprovista progresivamente de alternativa curricular para aquellos alumnos que no deseaban recibirla. Según el anteproyecto de la LOMCE, la clase de Religión tendría la deseada, justa y lógica alternativa, en concreto, mediante las nuevas asignaturas Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria. Desconocemos, a la hora de redactar estas líneas, si además a la asignatura Religión se le devolvería el rango académico que nunca debió perder.

Como, lamentablemente, era de esperar este anuncio gubernamental ha suscitado una airada reacción contraria en los partidos de izquierdas y en sus medios de comunicación afines. Algunos políticos y algunos medios han hablado de oscuras negociaciones y connivencias entre el Gobierno y la Iglesia y las descalificaciones gratuitas y las comparaciones odiosas no han tardado en aparecer. A ellas, tristemente, no es ajeno, sino todo el contrario, el principal partido político de la oposición, el PSOE, que parece continuar en su deriva radical y antieclesial, intensificada, meses atrás, tras su derrota en las elecciones generales del año pasado (ver nuestros comentarios editoriales de los números 3.609, 3.613, 3.620 y 3.625).

Sin pretender polemizar, bueno será recordar que lo que la Iglesia pretende con el pleno reconocimiento de la clase de Religión no es ningún privilegio, ninguna excentricidad, regalo o capricho, sino el cumplimiento de un derecho, de un derecho fundamental. Un derecho recogido como tal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un derecho amparado, como no podía ser de otra manera, en la Constitución española, en su artículo 27.

Dicho de otra manera, de lo que se trata es de un acto, de una decisión de justicia, de sentido común y de indudable contribución positiva al conjunto del sistema educativo. Porque lo que está en juego es del reconocimiento efectivo del derecho básico a educar a los hijos de acuerdo con las propias convicciones religiosas y morales, sin tratos de favor, pero tampoco sin marginaciones. Es así de sencillo. Y propugnar lo contrario, por mucho ruido que se haga y por muchas insidias que se difundan, es sencilla y llanamente situarse fuera y en contra de un derecho fundamental.