Se aviva entre funcionarios un ímpetu por salvaguardar Muface de su extinción

“El gobierno está lanzando globos sonda porque no ha hecho sus deberes y lo que ahora tienen que saber todos los ciudadanos está que puede haber un policía nacional, un profesor de universidad o de instituto que, a lo mejor, está en un proceso médico por una patología de cáncer y no sabe lo que va a pasar al año que viene”. Esta es la denuncia de Miguel Borra, el presidente de CSIF, el sindicato mayoritario en la Función Pública. En El Cascabel Edición Domingo de Trece TV advierte: “No es un modelo de sanidad privada. Y lo que no vamos a consentir que este gobierno se lo cargue por inanición. Está lanzando globos sonda porque no ha hecho sus deberes”

Borra insiste en que, en contra de la creencia popular, la asistencia que reciben los funcionarios “no es un privilegio, es una condición contractual a la que hemos accedido los que nos hemos presentado la oposición. Cuanto tú opositas en igualdad, por mérito y capacidad, la plaza a la que accedes tiene una serie de condicionantes: un salario base, un complemento específico, un complemento de destino, una jornada laboral y una mutua”. Incluso los jubilados mutualistas, aunque reciben su prestación de la Seguridad Social, tienen que pagar el 30% del precio de los medicamentos. Muface -explica- “es un modelo de asistencia sanitaria pública, que surge en el año 75, cuando se empieza a configurar la Seguridad Social, porque los funcionarios no tenían derecho a una asistencia sanitaria pública. La diferencia es que se presta en colaboración público-privada con aseguradoras y con empresas del sector sanitario. Pero no tiene nada que ver con un seguros de salud privado porque es el Estado el que marca las prestaciones que se tienen que dar, que tienen que ser las mismas que las del Sistema Nacional de Salud. Una aseguradora no puede rechazar a ningún mutualista, tenga las patologías que tenga”

El presidente de CSIF explica -en su intervención en el programa que dirige Ana Samboal- que, anualmente, los funcionarios pueden elegir recibir la prestación sanitaria a través de aseguradoras y del Sistema Nacional de Salud, pero siempre a través de Muface: “es que no nos dejan otra opción, tú eres Muface”. El modelo se ha desarrollado de ese modo desde hace cincuenta años, “es una condición laboral con la que hemos entrado a trabajar, un modelo de asistencia sanitaria pública que ha estado

funcionando”. Por esa razón, no entiende que “en este momento y con estas maneras no se puede dejar en inasistencia sanitaria a todos esos profesionales”.

El sindicato sospecha que el gobierno quiere acabar con Muface, “cuando sabe perfectamente que el Sistema Nacional de Salud no podría absorber a un millón y medio de personas”. Se basa en un informe del Ministerio de Sanidad que detalla que va a pasar “ellos dicen solamente al 2’1% de la población, pero, sin embargo, el presupuesto de las comunidades autónomas se va a incrementar únicamente en un 1’8%”. Sospecha que una de las razones por las que se busca ese traspaso es la edad media de los usuarios. En Muface, el 31%, según CSIF, tiene más de 65 años, por tanto, su asistencia es más costosa. Sin embargo, en el SNS sólo el 20% está por encima de esa edad.

Más allá de la ideología, es también una cuestión de números. “En el Régimen General de la Seguridad Social, el empresario paga: un 34% de la nómina va para la Seguridad Social y la jubilación. Aquí, el pago el Estado también está haciendo trampas, porque está haciendo un pago mínimo, que escasamente llega a los 1.300 euros, se gane lo que se gane. Nuestros policías nacionales, nuestros jueces, nuestros fiscales, nuestros carteros, nuestros funcionarios o los maestros que enseñan a nuestros niños, después de 10-20-40 años lo que no merecen es que su empresario los deje en la calle.”

El contrato vigente de Muface con las empresas que prestan el servicio finaliza el 31 de diciembre de 2024. Ese concierto recoge que las aseguradoras que no lleguen a un acuerdo para el siguiente, deben prestar el servicio un mes más, hasta el 31 de enero de 2025. La Ley de Contratos del Sector Público marca que el Estado podría obligar a prorrogar durante nueve meses más ese contrato, pero -según precisa Miguel Borra- “también la propia ley señala que, para que eso ocurra, ha tenido que ser convocado el nuevo concierto en tiempo y forma, con un mínimo de tres meses de antelación. Y el gobierno ha incumplido esa fecha, porque convocó el concierto el 19 de octubre, con lo cual las aseguradoras se podrían acoger a ello”. El presidente de CSIF concluye: “si este gobierno, porque esto lo está haciendo por un auténtico sesgo político, quiere acabar con Muface, que lo ponga encima de la mesa. Porque a CSIF y a decenas de cientos de miles de funcionarios los tendrá enfrente”