Los funcionarios deben elegir entre asistencia sanitaria pública o privada ¿Es esta una ruptura en el Sistema Nacional de Salud?

¿Por qué tiene que elegir un funcionario entre asistencia privada o pública? En opinión de Ignacio Para, presidente de la Fundación Bamberg, debería tener acceso a ambas, puesto que, además de sus impuestos, con los que se financia la sanidad pública, aporta cada mes unos cincuenta euros a la mutua: “Tendría que tener derecho, puesto que paga sus impuestos como todo hijo de vecino, a la pública. Y, además, tener una cobertura privada que gestiona su mutua, que es complementaria. El problema es que 50 euros al mes no es pagar mucho”. Esa es, a su juicio, la razón más probable de que las empresas privadas hayan decidido dejar de concurrir al concurso de Muface. De cualquier forma, en el Cascabel Edición Domingo de Trece TV, el economista recuerda que, “como ha dicho el ministro, los mutualistas están amparados por la Ley de Contratos del Estado, que garantiza que se va a seguir pagando, durante el tiempo que sea necesario, para que los mutualistas estén cubiertos. Otra cosa es la actitud que vayan tomando las diferentes aseguradoras”.

En todo caso, según explica a Ana Samboal el también vicepresidente de la Organización Española de Hospitales, “estamos en una continua explosión de problemas porque el Sistema Nacional de Salud que tenemos está quebrando por muchas partes”. El de Muface, que es también el problema de MUJEJU -la mutua de funcionarios judiciales- o el de IFAS -la que da cobertura a los tribunales- es -dice- “un problema importante, uno de tantos, pero irán surgiendo más, como ya lo ha hecho el de la Atención Primaria o el de la escasez de médicos en algunas especialidades importantes”.

El origen de la disfunción -explica Ignacio Para- está en la Ley General de la Salud que crea el Sistema Nacional de Salud. Previamente, los trabajadores financiaban la Sanidad con las cotizaciones a la Seguridad Social y los militares, funcionarios o profesionales liberales a través de la mutua que pagaban en su nómina. Había diferentes soluciones, algunas como la Mutua General de los abogados, que, en este momento, ya solo se ocupa de sus pensiones. Sin embargo, La Ley General de Sanidad, que se hizo hace treinta y ocho años, deja de financiar el sistema de salud con cotizaciones y lo carga a Presupuestos Generales del Estado. En ese momento, según el presidente de la Fundación Bamberg, “tendría que haberse hecho una reforma de todo, pero no se hizo. Es decir, el reglamento sigue siendo el de la Seguridad Social. Además, tenemos una Sanidad que depende, por un lado, del Ministerio, por otro de Defensa, por otro de Función Pública y por otro de Justicia. Hay un desmembramiento de la actividad sanitaria y eso deja el sistema completamente obsoleto. No tiene sentido”.