Esperanza Aguirre, en TRECE: "Espero que la Fiscalía llegue a la misma conclusión que con el caso Púnica"

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido imputar a la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, y al exconsejero de Sanidad, Juan José Güemes, por reducir presuntamente de forma ilegal 135 camas del hospital Puerta de Hierro de Madrid, lo que habría causado un daño de 10 millones de euros al erario público.

Con motivo de esta noticia, 'El Cascabel' ha hablado con Esperanza Aguirre para conocer de primera mano su valoración de la acusación: "Se redujeron el número de camas como consecuencia de pasar de habitaciones dobles a individuales. Yo, como no tengo más noticia como las que acaban de dar, no puedo decir más. Es un asunto del que no tengo ni idea. Me han tenido muy contenta tres horas por la mañana para darme luego un disgusto".

Y es que la expresidenta de la Comunidad de Madrid asegura que esta mañana se ha "despertado con la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción ha reconocido que no tengo ningún problema en el caso Púnica, donde me acusaban de la financiación irregular del Partido Popular de Madrid. A media mañana, me encuentro con que la Fiscalía Anticorrupción ha decidido imputarme porque se han puesto habitaciones individuales en un hospital".

"Que investiguen todo lo que quieran, no tengo ni idea de este asunto"

Además, Aguirre ha señalado que no ha recibido ningún tipo de comunicación directa, sino que se ha enterado de todo a través de los medios: "Es mucha costumbre aquí en Madrid que los periodistas se enteran de aquello que las personas afectadas no estamos enteradas. No puedo decir más, en mi opinión en los hospitales públicos la sanidad es la mejor de España y en Europa en muchos casos. Que haya habitaciones individuales con posibilidad de que tengan dos camas en momentos de pandemia es bueno. Nadie me ha comunicado nada, siempre pasa. Me parece muy bien que investiguen todo lo que quieran, espero que lleguen a la misma conclusión que con Púnica".

Según la querella de Anticorrupción, hay indicios de que "prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto" el contrato de concesión de obra para construir dicho hospital. Debido a esa gestión "la administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados", produciéndose un menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad de más de 10 millones.

La obra pública fue adjudicada por el consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid mediante Orden de 18 de marzo de 2005 a la agrupación de empresas formada por Dragados S.A., Bovis Lend Lease S.A. y SUFI, que constituyeron la sociedad Hospital Majadahonda S.A. El contrato se modificó en 2008 y las 135 habitaciones del citado hospital pasaron de ser dobles a individuales.

Para justificar este cambio se invocó una resolución de 5 de mayo de 2008 dictada a requerimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid que no existió, asegura la Fiscalía, que subraya "la ilegalidad radical de la reducción de las 135 camas hospitalarias llevada a efecto eludiendo cualquier procedimiento administrativo". Pero, además, "se debió de haber restablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos".