Un magistrado revela en ‘El Cascabel’ todas las claves sobre la investigación de la Fiscalía al Rey emérito

Alfonso Villagómez, magistrado de lo Contencioso Administrativo en Madrid, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE todos los detalles sobre las investigaciones en curso de la Fiscalía sobre el Rey emérito, qué consecuencias podrían tener y en qué situación se encuentra: "El rey Juan Carlos es aforado, se incluyó en una reforma que se realizó en el año 2014 para reyes que abdicaban", ha matizado el juez.

"La inviolabilidad solo la goza el Rey Felipe VI, es la imposibilidad de cometer ningún ilícito, y otra cosa es el aforamiento que es en los supuestos en que aparezca una infracción delictiva, que sean instruidos y juzgados por un órgano concreto específico, el Tribunal Supremo. Don Juan Carlos podría ser juzgado, está siendo investigado por una actuación de la Fiscalía en otro ámbito al que parece que se va a unir esta nueva investigación que ha sido revelada", señala el magistrado Villagómez.

Magistrado Villagómez: "Estamos ante una investigación preprocesal, no judicial"

En este sentido, el magistrado de lo Contencioso Administrativo cree que "los datos que se han divulgado por algún medio de comunicación no son muy precisos. No indican procedencia, ni destino ni uso de ese dinero. Ni su presunta relevancia delictiva. Estamos ante una diligencia de investigación de la Fiscalía, es un procedimiento preprocesal, una investigación preparatoria. Ninguna investigación del Rey emérito es aún judicial. Puede concluir con el archivo de ellas o con que la Fiscalía presente una querella ante el Tribunal Supremo".

Por ello, el juez tiene muy claro que "no hay indicios, solo hablamos de meras sospechas, tanto en el hecho de las tarjetas opacas como las comisiones del Rey emérito". Además, ha añadido que "de llegar el fiscal al convencimiento de que estas sospechas pasen a convertirse en elementos indiciarios de la posible comisión de un delito, y reunir los requisitos para iniciar una acción penal, el fiscal tendría que formalizar esa acción penal conducida al Tribunal Supremo, este designar a un magistrado instructor que ya empezara a realizar la auténtica instrucción judicial. De momento, insisto, estamos en una investigación preprocesal, no judicial".